La interna vecinal del barrio Aramburu escaló fuerte y ya se mezcla con política, denuncias y sospechas de armado electoral. El presidente de la Unión Vecinal, Augusto Pérez Garro, salió públicamente a cuestionar la decisión de intervenir la institución mediante un triunvirato normalizador designado por Personería Jurídica y apuntó directamente contra el Gobierno provincial.

A través de publicaciones en redes sociales, Pérez Garro denunció que intentaron “meter de prepo” autoridades que —según dijo— “no tienen vínculo alguno con la institución” y sostuvo que toda la movida responde a una decisión política tomada “desde un despacho”.

“Esto pone en situación de vulnerabilidad jurídica a todas las asociaciones civiles de San Juan”, escribió el dirigente vecinal, quien además convocó a otros referentes institucionales a sumarse a una presentación judicial colectiva contra este tipo de intervenciones.

Aunque aclaró que no será candidato en futuras elecciones, en los comentarios de sus publicaciones varios seguidores comenzaron a impulsarlo políticamente con mensajes vinculados a una eventual candidatura en Rivadavia.

Sin embargo, desde Personería Jurídica sostienen otra versión completamente distinta. Según indicaron fuentes consultadas, la intervención se produjo tras detectar una serie de irregularidades administrativas e institucionales que se habrían sostenido durante años en la entidad vecinal.

Entre las observaciones mencionadas aparecen mandatos vencidos de autoridades, falta de convocatoria a asambleas ordinarias, incumplimientos en la presentación de balances y documentación social incompleta. Incluso aseguran que la comisión directiva mantenía vencido su mandato desde 2024 y que no se regularizaron órganos de administración ni fiscalización.

También señalaron que la Unión Vecinal adeudaba asambleas correspondientes a ejercicios contables de distintos años y que no se entregaron todos los libros sociales requeridos por el organismo de control.

El conflicto tomó aún más temperatura política luego de conocerse que el municipio de Rivadavia avanzará con obras en el antiguo centro comercial abandonado ubicado junto a la sede vecinal. Allí, según anunció la gestión del intendente Sergio Miodowsky, se construirá un SUM para actividades comunitarias.

En medio de esa decisión comenzaron las suspicacias políticas: algunos sectores se preguntan si la normalización de la Unión Vecinal terminó allanando el camino para que la futura inauguración quede en manos de las nuevas autoridades y no del espacio que encabezaba Pérez Garro.

Por ahora, el dirigente vecinal promete judicializar el tema y ya busca sumar apoyos de otras instituciones que aseguran haber atravesado situaciones similares.