La decisión de la Justicia de La Rioja de prohibir el uso del camino de Guandacol, principal acceso logístico hacia el proyecto minero Vicuña, abrió un nuevo frente de tensión que podría escalar a nivel político entre ambas provincias.

El fallo fue dictado por la jueza de Cámara de Chilecito, María Greta Decker, en el marco de una medida autosatisfactiva impulsada por el Gobierno riojano. La resolución ordena la suspensión de actividades vinculadas al proyecto y dispone impedir el tránsito por ese camino, una tarea que ya ejecuta la Policía de La Rioja con controles en la zona.

El planteo surgió a partir de un reclamo de la Fiscalía de Estado, que exigió la realización de una Evaluación de Impacto Ambiental y el cumplimiento de acuerdos previos relacionados con el uso de la red vial provincial. Desde la administración riojana sostienen que hubo reiterados pedidos a la empresa sin respuestas satisfactorias, lo que derivó en la vía judicial.

Del otro lado, fuentes de la compañía aseguraron que el proyecto “no está detenido” y que las tareas continúan con normalidad, aunque confirmaron la interrupción del paso en territorio riojano. También señalaron que no fueron notificadas formalmente ni de la demanda ni de la resolución judicial, lo que suma incertidumbre al escenario.

La medida se tomó bajo el principio preventivo ambiental y sin escuchar previamente a la empresa, en función de la urgencia planteada por la provincia vecina ante un posible riesgo de daño.

Más allá del impacto operativo, con complicaciones para el traslado de personal y logística hacia el campamento, el trasfondo es político. La decisión vuelve a poner en discusión el rol de La Rioja en torno a Vicuña, un proyecto cuyas operaciones se desarrollan íntegramente en San Juan.

En ese contexto, el gobernador riojano Ricardo Quintela ya había deslizado en distintas oportunidades que su provincia debería tener algún grado de injerencia en la iniciativa. Ese planteo, sumado ahora a una medida judicial que afecta directamente la logística del proyecto, podría escalar en un conflicto entre jurisdicciones.