La aprobación de la aclaratoria de la Ley de Glaciares Argentina abre un nuevo escenario para el desarrollo minero y de infraestructura en San Juan, aunque sin efectos inmediatos y con un camino que deberá recorrerse paso a paso. Así lo planteó el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, en una entrevista con el programa La Picada, donde explicó que el impacto será gradual y dependerá de la situación particular de cada proyecto.

El funcionario remarcó que la modificación no cambia el espíritu de protección de la norma, sino que aporta mayor claridad sobre cómo evaluar las zonas glaciales y periglaciales, un punto que en los últimos años había frenado distintas iniciativas. En ese sentido, explicó que el principal problema no era impositivo, sino técnico: sin definiciones claras sobre la presencia o no de glaciares con función hídrica relevante, los proyectos no podían siquiera avanzar en su evaluación ambiental .

Uno de los cambios centrales es que ahora las provincias podrán participar en la actualización del inventario de glaciares junto con el IANIGLA, lo que permitiría destrabar casos donde había incertidumbre. Además, se ratifica que todas las formaciones inventariadas están protegidas hasta que estudios más profundos determinen su relevancia hídrica, lo que introduce un esquema más preciso para la toma de decisiones.

En cuanto a los proyectos mineros, Fernández detalló que el impacto será diferente según el grado de avance. El caso más avanzado es Proyecto Vicuña, que ya cuenta con aprobación ambiental para su primera fase, por lo que la nueva ley no condiciona su desarrollo inmediato, aunque sí mejora el escenario para futuras ampliaciones y para la decisión final de inversión. Distinta es la situación de Proyecto El Pachón, que hasta ahora no podía ni siquiera presentar su informe de impacto ambiental debido a la falta de definiciones sobre una formación glaciar en su área, un obstáculo que podría empezar a resolverse con la nueva normativa. Por su parte, Proyecto Los Azules ya avanzó en su evaluación, pero también requería mayor previsibilidad para etapas futuras.

El ministro insistió en que la ley no habilita automáticamente proyectos, sino que permite avanzar en su análisis bajo reglas más claras. “No hay forma de que una empresa desarrolle un proyecto sin antes despejar la situación de glaciares”, señaló , subrayando que los estudios técnicos seguirán siendo un requisito indispensable.

Tras la aprobación legislativa, el proceso continúa con la promulgación de la ley para su entrada en vigencia y con un escenario en el que se anticipan presentaciones judiciales que podrían discutir su constitucionalidad. En paralelo, se deberá avanzar en la actualización del inventario y en la realización de estudios de mayor profundidad —especialmente en glaciares de escombro— que permitan determinar si cumplen o no una función hídrica relevante.

A la par de estos pasos técnicos y legales, los proyectos deberán cumplir otras condiciones clave para su desarrollo, como la adhesión al RIGI y la firma de acuerdos con la provincia, aspectos que también forman parte de la definición final de las inversiones.

Fernández también puso el foco en que la discusión no se limita a la minería, ya que la normativa impacta en obras de infraestructura en zonas cordilleranas, como rutas, líneas eléctricas o conexiones con Chile, que hasta ahora podían verse condicionadas por la interpretación de la ley vigente. En ese sentido, consideró que la aclaratoria puede facilitar no solo el desarrollo de proyectos extractivos, sino también de infraestructura clave para la producción.

En definitiva, el nuevo marco no implica una reactivación automática, pero sí despeja uno de los principales condicionantes regulatorios que tenía la provincia. A partir de ahora, el futuro de los proyectos dependerá de múltiples factores que deberán alinearse en cada caso. “Hay que analizar proyecto por proyecto”, resumió el ministro, marcando el inicio de una etapa en la que las definiciones comenzarán a tomar forma en el terreno