La Fiscalía de Estado de San Juan aseguró que durante 2025 su intervención en distintos procesos judiciales permitió evitar que la provincia pagara cerca de $8.000 millones, producto de sentencias favorables en litigios contra el Estado.

El dato fue confirmado por el fiscal de Estado, Sebastián Dávila, quien explicó que se trata del cálculo realizado a partir de los juicios que el organismo logró ganar durante el último año. “Si mal no recuerdo, fueron cerca de 8 mil millones de pesos lo que hicimos ahorrar al Estado provincial gracias al trabajo de las distintas áreas de la Fiscalía”, señaló.

Según detalló, ese monto surge de causas que llegaron a una resolución judicial definitiva y en las que el Estado provincial resultó favorecido, evitando tener que afrontar pagos millonarios.

Dávila remarcó que se trata de cifras que habitualmente no trascienden públicamente, pero que reflejan el impacto económico de la defensa jurídica del Estado. “Son números significativos que muchas veces no salen a la luz, pero que muestran el trabajo que se hace desde Fiscalía”, explicó.

Más recaudación por ejecuciones fiscales Otro de los indicadores que destacó el organismo tiene que ver con la recaudación por ejecuciones fiscales, es decir, los procesos judiciales que impulsa el Estado para cobrar deudas.

De acuerdo con los datos difundidos, durante 2025 se logró duplicar la recaudación en comparación con el año anterior. Mientras que en 2024 se habían recuperado unos $2.200 millones, el año pasado la cifra superó los $4.400 millones.

Además, Dávila explicó que el organismo maneja un volumen muy alto de causas judiciales vinculadas al Estado provincial, entre procesos contenciosos y ejecuciones fiscales.

El volumen de causas

En ese sentido, indicó que dentro del universo de expedientes que maneja la Fiscalía existen decenas de procesos considerados de gran envergadura, aunque el total de litigios vinculados al Estado es mucho mayor.

Según precisó, el organismo trabaja con decenas de miles de procesos judiciales, entre demandas contra la provincia y acciones impulsadas por el propio Estado para reclamar deudas o defender intereses públicos.

La causa del Acueducto Gran Tulum

En paralelo, Dávila también se refirió a la investigación judicial por la presunta irregularidad en la compra de caños para el Acueducto Gran Tulum, causa en la que la Fiscalía de Estado se constituyó como querellante.

El funcionario explicó que el equipo del organismo comenzó a analizar la documentación incorporada al expediente, que calificó como “extremadamente voluminosa”.

Según indicó, el material que se está revisando equivale a cerca de cien cajas de expedientes, lo que obliga a un trabajo minucioso de lectura y análisis antes de poder sacar conclusiones.

Además, aclaró que por ahora no se descarta ninguna hipótesis dentro de la investigación y que, a medida que avance el análisis, podrían surgir nuevas medidas o requerimientos dentro del proceso judicial.