En medio de una negociación salarial todavía abierta, el Gobierno de San Juan presentó una nueva propuesta para los docentes que será analizada por los gremios en la novena reunión paritaria del año, prevista para este miércoles. La discusión se da en paralelo a un nuevo frente de conflicto: los sindicatos presentaron un recurso jerárquico contra resoluciones de la Subsecretaría de Trabajo que limitaron las medidas de fuerza convocadas la semana pasada.

La oferta oficial establece para marzo un aumento del 5% en el valor índice tomando como base diciembre de 2025. A ese incremento se suma la incorporación de seis puntos al código A01 del nomenclador docente y seis puntos al código E60.

Además, el Ejecutivo propuso una suma mensual no remunerativa y no bonificable de $100.000 por un solo cargo para distintos puestos docentes, entre ellos maestros de grado de nivel primario, educación inicial, educación especial, docentes de escuelas técnicas, preceptores y bibliotecarios. En el caso del maestro de grado de jornada extendida, la suma prevista es de $50.000 mensuales.

La propuesta también incluye mejoras en la bonificación por radio docente, con incrementos de cinco puntos porcentuales para los radios 4, 5, 6 y 7.

Para abril, el Gobierno planteó el pago de un bono extraordinario de $120.000, no remunerativo ni bonificable, que se abonaría el 15 de ese mes por única vez y por CUIL, con proporcionalidad en el caso de horas cátedra.

En tanto, para mayo la oferta prevé un incremento del 2% en el valor índice, tomando como base marzo de 2026, además de cuatro puntos adicionales al código A01. Para junio, se aplicaría una suba del 3% sobre el valor índice de mayo, junto con una cláusula de revisión vinculada a la evolución de la economía y la situación fiscal de la provincia.

Por el momento, UDA fue el único gremio que expresó su rechazo a la propuesta que será discutida este miércoles. AMET prevé recibir los mandatos de los docentes al mediodía, mientras que UDAP aún no comunicó la decisión de sus afiliados.

Recurso contra Trabajo

En paralelo a la discusión paritaria, los tres principales gremios docentes de San Juan presentaron este martes a primera hora un recurso jerárquico contra resoluciones de la Subsecretaría de Trabajo que, según sostienen, limitaron el derecho a huelga en el marco del conflicto salarial.

La presentación fue realizada por Patricia Quiroga (UDAP), Karina Navarro (UDA) y Daniel Quiroga (AMET), quienes solicitaron la revisión de las resoluciones N° 039-ST-2026, 040-ST-2026 y 041-ST-2026.

En el escrito dirigido al subsecretario de Trabajo, Franco Marchesi, los sindicatos sostienen que las medidas son “ilegítimas, arbitrarias y contrarias al orden constitucional”, por lo que solicitaron su revocación y nulidad.

Los gremios argumentan que las resoluciones implican una restricción indebida del derecho constitucional a huelga, ya que las condiciones impuestas obligan a garantizar el 75% del servicio, lo que, según plantean, termina por limitar el ejercicio efectivo de la medida de fuerza.

En ese sentido, sostienen que no se trata de una regulación razonable del conflicto, sino de una medida que afecta una garantía central de los trabajadores. A su vez, plantean que lo dispuesto por la autoridad laboral resulta inconstitucional, al contradecir principios y derechos reconocidos en la Constitución Nacional.

El planteo también cuestiona la competencia del organismo, al considerar que avanzó sobre aspectos que exceden sus atribuciones al establecer condiciones que impactan directamente en el ejercicio de derechos colectivos como la huelga.

Además, los sindicatos denuncian irregularidades en el procedimiento administrativo, al entender que no se respetaron garantías básicas como el debido proceso, la participación plena de las partes y las instancias formales correspondientes.

Para los gremios, estas falencias afectan la validez de las resoluciones y también generan una afectación a la libertad sindical, al limitar la capacidad de las organizaciones para convocar y sostener medidas de fuerza.

Por ese motivo, solicitaron la revisión de lo actuado y la suspensión de los efectos de las resoluciones mientras se analiza el recurso, con el objetivo de evitar perjuicios y dejar abierta la posibilidad de avanzar por la vía judicial si no obtienen una respuesta favorable en la instancia administrativa.