La decisión del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) de autorizar a la empresa Vicuña Argentina S.A. a avanzar con la construcción del denominado Corredor del Norte generó fuertes cuestionamientos en el sector energético y minero de San Juan. La medida quedó formalizada a través de la Resolución 79/2026, que le otorgó a la compañía el 90% de la capacidad remanente del corredor eléctrico Nueva San Juan–Rodeo por un plazo de 25 años.

El corredor es considerado una infraestructura clave para el desarrollo de los grandes proyectos mineros de la cordillera sanjuanina, especialmente en los departamentos del norte provincial. Sin embargo, la resolución despertó reclamos por parte del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) y de distintas empresas del sector, que sostienen que la decisión podría restringir el acceso a la energía para otros emprendimientos que también necesitan conectarse al sistema.

Desde el EPRE difundieron un comunicado en el que manifestaron su preocupación por el alcance de la medida y plantearon que podría tratarse de una disposición ilegal, al considerar que la asignación de una porción tan amplia de la capacidad del corredor a una sola empresa condicionaría el uso futuro de la infraestructura eléctrica. Según indicaron, esa situación podría generar un cuello de botella energético para nuevas inversiones.

No obstante, desde el ámbito técnico explicaron que el procedimiento se enmarca dentro de las normas del sistema eléctrico nacional. Según esa versión, el proceso comenzó cuando se consultó a Vicuña si necesitaba una nueva línea eléctrica para abastecer sus proyectos mineros. Ante esa consulta, la empresa solicitó formalmente el acceso y transporte de energía dentro del Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) respondió que era posible suministrar la energía requerida, aunque advirtió que hacerlo implicaría un incremento en los costos del sistema eléctrico. Frente a ese escenario, Vicuña se comprometió a asumir el financiamiento de la obra, estimada en unos 520 millones de dólares.

Debido a que se trata de una obra de transporte de energía -y no de distribución- la intervención correspondió al ENRE, organismo que finalmente avaló el convenio mediante el cual la empresa solicitó el acceso y la capacidad de transporte en el corredor eléctrico. En ese marco, se autorizó la ocupación mayoritaria de la red para garantizar el abastecimiento de los proyectos mineros asociados.

Antes de que se emitiera la resolución, distintos organismos técnicos vinculados al sistema eléctrico fueron consultados. Entre ellos se expidieron TRANSENER, CAMMESA y la distribuidora Naturgy, que analizaron la viabilidad del proyecto y su integración al sistema energético nacional.

Además, desde el sector que respalda la iniciativa señalaron que el convenio no establece exclusividad absoluta para Vicuña. En el documento se deja abierta la posibilidad de ampliar la participación en el futuro en caso de que otros proyectos requieran utilizar la infraestructura, lo que permitiría adaptar el sistema si aumentara la demanda energética en la zona.

En medio de la controversia, el EPRE convocará a una audiencia pública para analizar la situación y recibir explicaciones técnicas sobre el alcance de la resolución. En ese ámbito se espera que se expongan los fundamentos del acuerdo y se discuta el impacto que la obra podría tener sobre el desarrollo energético y minero de la provincia.