En la dinámica habitual de los concejos deliberantes, los pedidos de informe suelen interpretarse como jugadas opositoras para incomodar a las gestiones. Sin embargo, en Rawson el planteo sobre las fotomultas podría tener un efecto inverso: el pedido impulsado por el concejal de Cambia San Juan Antonio Ruiz no solo instala dudas sobre el sistema, sino que también podría terminar resguardando al intendente Carlos Munisaga ante eventuales conflictos legales.

La iniciativa solicita suspender la emisión y aplicación de fotomultas en todo el ejido municipal hasta tanto se cumpla plenamente la ordenanza 863-H, que regula la normalización y funcionamiento de la red semafórica. La norma establece condiciones técnicas previas (como la correcta señalización de cámaras, la marcación de sendas peatonales y la existencia mínima de dos artefactos semafóricos visibles por intersección) que, según el planteo opositor, podrían no estar completamente regularizadas en el departamento.

El proyecto advierte que la aplicación de infracciones automáticas sin esa adecuación previa puede generar inequidad e indefensión para los conductores, además de posibles conflictos administrativos y judiciales para el municipio. En ese marco, el pedido de revisión no solo cuestiona la legalidad de algunas multas, sino que abre la puerta a que el Ejecutivo revise el sistema antes de que escalen reclamos formales.

Así, el expediente queda atravesado por una doble lectura política. Por un lado, Cambia San Juan instala en agenda la sospecha sobre el funcionamiento de las fotomultas en Rawson; por otro, la advertencia podría funcionar como un salvaguarda institucional para la gestión de Munisaga. Si el municipio adecua la semaforización a la ordenanza vigente y ordena el esquema de control, el planteo opositor terminaría operando más como un mecanismo preventivo que como una ofensiva de desgaste.