La investigación por el caso del Acueducto Gran Tulum puso primera en este 2026 y hasta tiene su propia “Área 51”. Así se denomina al espacio físico donde se concentra la documentación reunida en el marco de la causa, que es analizada por la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos Especiales.

La pesquisa es encabezada por los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro y se concentra en un lugar específico en el que se resguardan 84 cajas con información enviada desde distintas reparticiones del Estado, entre ellas Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) y el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía. El material está vinculado a la licitación y ejecución de la obra del Acueducto Gran Tulum.

Si bien aún resta que el denunciante, el abogado Marcelo Arancibia, formalice la denuncia ante la Justicia, la investigación ya se encuentra en marcha. Según se indicó, el cambio en la conducción del Ministerio Público Fiscal, ahora a cargo de Guillermo Baigorri, fue un factor clave para que la denuncia tomara impulso.

La causa se originó luego del estallido del escándalo por el Acueducto Gran Tulum y las presuntas irregularidades en la licitación y ejecución de la obra, que en una primera hipótesis salpican a Gustavo Monti, primo del exgobernador Sergio Uñac. En ese marco, Arancibia solicitó que se investiguen delitos de mayor gravedad y, por primera vez, mencionó a exautoridades provinciales, a quienes vinculó con una hipótesis de corrupción administrativa estructural.

Entre los elementos incorporados figura un expediente de OSSE firmado por Gustavo Monti en carácter de apoderado y por Sergio Ruíz, entonces presidente del organismo. De acuerdo con la denuncia, esta documentación permitiría analizar posibles vínculos entre la empresa adjudicataria de la obra, Krah América Latina S.A., y funcionarios públicos intervinientes, en función de una coincidencia temporal entre decisiones administrativas de impacto económico y la actuación del familiar del entonces mandatario provincial.

La ampliación de la denuncia también pone el foco en una redeterminación del contrato del 55 % y en un pago anticipado del 35 %, mecanismos que, según el escrito, deben ser analizados para determinar si se ajustaron a la normativa vigente o si generaron un perjuicio para el patrimonio provincial.

En función del plexo probatorio preliminar, la denuncia solicita que se investigue la posible comisión, en carácter de hipótesis, de los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, tráfico de influencias, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, administración fraudulenta agravada y asociación ilícita.

Finalmente, Arancibia pidió que se tenga por ampliada la denuncia, que se incorporen los elementos documentales como prueba, que se oficie a OSSE para esclarecer el vínculo de Gustavo Monti con la empresa adjudicataria y que se profundice la investigación penal respecto de todos los funcionarios y particulares eventualmente involucrados.