El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, firmó en Buenos Aires una serie de convenios con el Gobierno nacional que habilitan a la provincia a ejecutar y financiar obras de seguridad vial sobre rutas nacionales, con impacto directo en la actividad minera y en el intercambio económico provincial. Las intervenciones se concentrarán en el departamento Iglesia y en accesos estratégicos del Gran San Juan.

Los acuerdos, suscriptos entre la Dirección Nacional de Vialidad y el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía de San Juan (a cargo de Fernando Perea), autorizan a la provincia a intervenir en trazas de jurisdicción nacional utilizando fondos propios, en este caso provenientes del fideicomiso minero.

Uno de los ejes centrales del plan es la Ruta Nacional 150, corredor clave para el desarrollo minero en Iglesia. Allí se construirán seis derivadores de tránsito (rotondas) para ordenar la circulación y reforzar la seguridad vial ante el incremento del flujo vehicular asociado a la actividad productiva. A estas obras se sumará la iluminación de la rotonda de Las Flores, del acceso y subida hacia la Aduana, y de la rotonda del Monumento al Gaucho, mejorando visibilidad y condiciones de tránsito en puntos sensibles de la traza.

En paralelo, el convenio contempla la construcción de una rotonda en la intersección de calle Gorriti y Ruta Nacional 20, en Santa Lucía, un nodo de alto tránsito que requiere una solución integral para ordenar el movimiento vehicular y reducir riesgos. Esta obra apunta a optimizar los accesos al Gran San Juan y a agilizar la circulación vinculada al transporte de bienes y servicios.

En el marco de los acuerdos, la provincia asumirá la elaboración de estudios y proyectos técnicos, las evaluaciones de impacto ambiental y la gestión completa de las licitaciones, reafirmando una estrategia de planificación vial alineada con el crecimiento productivo.