La crisis que atraviesa la vitivinicultura sanjuanina sumó un nuevo capítulo político. Representantes de la Asociación de Viñateros Independientes de San Juan, junto a la Federación de Viñateros y la Mesa Vitícola, se reunieron con el gobernador Marcelo Orrego para exponer la delicada situación del sector y solicitar la intermediación del Gobierno provincial ante Nación y los organismos regulatorios, con el objetivo de recomponer el precio de la uva.

El planteo estuvo respaldado por un informe técnico elaborado con datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), que revela un desajuste estructural entre producción, consumo y precios. Según el análisis, entre 2022 y 2025 se produjo casi un 5% más de vino del que se consumió, mientras que los stocks al 1 de diciembre se mantuvieron prácticamente constantes, con un promedio nacional de 10,7 millones de hectolitros.

Para los viñateros, este escenario no justifica el desplome del valor de la materia prima. De hecho, sostienen que el precio del kilo de uva cayó cerca de un 120% en los últimos dos años, muy por debajo de la inflación acumulada. Como ejemplo, la uva Cereza que en la cosecha 2024 se pagó a 220 pesos por kilo, hoy debería cotizar cerca de 475 pesos si se actualizara por inflación. En el caso de la Chardonnay, el valor debería rondar los 973 pesos, frente a los 450 que se pagaron el año pasado.

Uno de los puntos centrales del reclamo apunta a la desregulación aplicada al sector, en particular a la decisión de adelantar la fecha de liberación de los vinos nuevos de junio a marzo. Según explicaron, esa medida incorporó de manera anticipada un sobrestock equivalente a 2,3 millones de hectolitros, lo que paralizó el mercado, desalentó la compra de uva por parte de las grandes bodegas y dejó a los productores sin poder de negociación.

A esto se suma el atraso cambiario, que provocó según el informe la pérdida de casi el 30% del mercado externo en los últimos tres años, y la caída del consumo interno, afectado por la pérdida del poder adquisitivo y el cambio en los hábitos de consumo.

Frente a este panorama, los viñateros solicitaron al gobernador Orrego que impulse una serie de medidas urgentes: postergar la liberación de los vinos nuevos al 1 de agosto, restituir facultades de control al INV, otorgar créditos fiscales para fomentar exportaciones, refinanciar pasivos bancarios con tasas promocionales y reducir los costos energéticos e impositivos que afectan a la agroindustria.

También plantearon propuestas de mediano plazo, como la reconversión productiva hacia uvas sin semilla, un plan integral frente a la crisis hídrica, la recarga de acuíferos y el cumplimiento estricto de la Ley de Protección de Glaciares.

El encuentro dejó en claro que la vitivinicultura, uno de los pilares históricos de la economía sanjuanina, atraviesa una situación límite. Ahora, el foco está puesto en el rol que asumirá el Gobierno provincial como articulador político, en un contexto donde el margen de los productores se achica y la próxima cosecha aparece cargada de incertidumbre.