La decisión del Gobierno nacional de oficializar la incorporación del proyecto minero Gualcamayo al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) marcó este jueves un nuevo hito en la política de atracción de capitales y la reactivación productiva en San Juan. A través de la Resolución 6/2026, publicada en el Boletín Oficial, la Nación autorizó la entrada al régimen del plan denominado Carbonatos Profundos, presentado por Minas Argentinas S.A. del Grupo Aisa, con una inversión estimada en 665 millones de dólares.

La medida, que convierte a Gualcamayo en el décimo proyecto aprobado bajo el RIGI, tiene un fuerte componente político y económico: representa no solo un respaldo del Ejecutivo a una iniciativa de gran impacto productivo, sino también una señal de continuidad para el sector minero en un contexto nacional de incentivos fiscales y búsqueda de inversiones de escala. Con esta aprobación, el monto total de inversiones avaladas oficialmente bajo el régimen supera los 25.000 millones de dólares, consolidándolo como una herramienta central de la estrategia oficial para atraer capitales.

El proyecto se desarrolla en las concesiones Gualcamayo 1 y Gualcamayo 2, ubicadas en el departamento Jáchal, al norte de la provincia de San Juan, una región histórica para la minería argentina. La iniciativa comprende la exploración, la evaluación de factibilidad de reservas de oro y plata, y la construcción y operación de una nueva planta de procesamiento que reactive la actividad en un yacimiento que estaba en proceso de cierre hasta hace dos años.

Desde el punto de vista laboral, las cifras oficiales plantean un impacto significativo: se estima que el plan generará alrededor de 4.500 puestos de trabajo entre directos e indirectos durante las distintas fases de implementación, con una primera etapa de construcción que aportará a más de 2.000 empleos y una operación futura con cientos de trabajadores permanentes.

La iniciativa también incluye un fuerte componente de desarrollo de proveedores locales, ya que el plan empresarial contempla que cerca del 69% del gasto en bienes, servicios e infraestructura se destine a empresas sanjuaninas, superando ampliamente el mínimo del 20% exigido por la normativa para este tipo de proyectos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó la importancia del proyecto señalando que permite “la extensión de vida de una mina en etapa de agotamiento con el desarrollo de un tipo distinto de mineralización”, además de poner en valor el empleo técnico y la generación de actividad económica ligada a la cadena productiva local.

Para San Juan, la oficialización del RIGI para Gualcamayo representa una clara confirmación del rol estratégico de la minería dentro de las políticas públicas provinciales y nacionales, en un momento en que múltiples proyectos de gran escala buscan ingresar al régimen con el objetivo de consolidar inversiones que impulsen exportaciones, empleo y desarrollo tecnológico en sectores clave de la economía.

La decisión también permite proyectar una mayor seguridad jurídica y previsibilidad para los actores privados, un punto recurrente en la agenda de discusión entre el sector empresarial y el Gobierno, tomando en cuenta que este tipo de esquemas busca alinear objetivos de largo plazo en infraestructura productiva y exportadora con señales estables para el capital local e internacional.