El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer el dato oficial de inflación para diciembre de 2025: los precios al consumidor aumentaron 2,8 % respecto al mes anterior, y el acumulado anual cerró en 31,5 % para todo el año pasado. Se trata de la tasa anual más baja registrada desde 2017, cuando el índice alcanzó 24,8 % en medio de un contexto económico muy distinto.

Si bien desde el Gobierno nacional se destacó esta desaceleración como un logro en el marco de la agenda de estabilización de precios, al comparar la cifra con los índices de otros países de la región el resultado argentino resulta menos auspicioso. Aun con la fuerte caída frente a ejercicios anteriores, Argentina se ubicó como la segunda economía con mayor inflación anual en América Latina en 2025, solo por debajo de Venezuela, cuyo índice proyectado por organismos internacionales rondó el 269,9 %.

La diferencia con los países vecinos es clara: Uruguay cerró el año con una inflación anual por debajo del 4 %, Brasil alrededor del 4,3 %, Paraguay con cifras aún menores y Ecuador con menos del 2 % de variación de precios. Estas brechas no solo muestran distintas dinámicas económicas sino que ponen en perspectiva las dificultades estructurales que enfrenta el país para lograr un control sostenido de los precios.

El contexto de 2025 fue de notable desaceleración frente a años recientes, cuando los registros de inflación habían superado tres dígitos: 117,8 % en 2024 y 211,4 % en 2023, marcando tensiones inflacionarias históricas. Además, los rubros con mayor impacto en el índice como alimentos, transporte y servicios básicos siguieron presionando sobre los presupuestos familiares, a pesar de que el ritmo general de aumento de precios bajó respecto al ejercicio anterior.

En el plano político, el dato plantea una serie de interrogantes y tensiones para la gestión económica de cara a 2026. Por un lado, la reducción de la inflación anual es exhibida por el Gobierno como un avance en la estabilización macroeconómica. Por otro, la comparación regional evidencia que Argentina todavía enfrenta uno de los desafíos más severos en términos de control de precios entre sus pares latinoamericanos, con consecuencias directas sobre el poder adquisitivo y la calidad de vida de la población.

Los sectores sociales más críticos señalan que pese a la desaceleración, la inflación acumulada sigue erosionando ingresos y salarios, en particular para los hogares de menores recursos. Además, advierten que si el ritmo de aumento de precios no logra perforar niveles más bajos de forma sostenida, el impacto sobre la canasta básica y el consumo cotidiano será cada vez más profundo. El debate se intensifica en un contexto de discusiones sobre políticas fiscales, monetarias y de ingresos que definirán las prioridades económicas de este año.