El conflicto político e institucional en Chimbas sumó un nuevo capítulo. La intendenta Daniela Rodríguez resolvió vetar de manera total la ordenanza que aprobaba el Presupuesto de Gastos y Recursos 2026, luego de que el Concejo Deliberante introdujera cambios sustanciales al proyecto original enviado por el Ejecutivo.

La decisión fue formalizada este miércoles 14 de enero y se enmarca en una discusión que se arrastra desde diciembre, cuando la mayoría de los concejales avaló un presupuesto modificado. Desde el gobierno municipal sostienen que esas alteraciones comprometen seriamente la administración de los recursos en un contexto económico restrictivo y ponen en riesgo la planificación prevista para el próximo año.

Uno de los puntos más cuestionados por la intendenta fue el incremento de la partida asignada al Concejo Deliberante. Según detalló, ese monto pasó de representar cerca del 3% del total presupuestado a superar el 11%, lo que implica una diferencia superior a los 4.000 millones de pesos. Para Rodríguez, ese desfasaje obliga a reducir fondos destinados a áreas sensibles del municipio y dificulta el pago de mejoras salariales, bonos y beneficios para el personal, incluidos los trabajadores contratados.

Tras la votación, la jefa comunal habló de un “quiebre institucional” y advirtió que el presupuesto aprobado no solo modifica cifras, sino que altera prioridades de gestión y condiciona la prestación de servicios esenciales. En ese sentido, cuestionó que el Concejo haya redefinido partidas y creado nuevos gastos, avanzando —según su postura— sobre atribuciones propias del Ejecutivo.

Desde el ámbito legislativo, en cambio, defendieron la decisión. El presidente del Concejo Deliberante, Ariel Rivero, afirmó públicamente que las modificaciones se realizaron con responsabilidad y que no se incrementó el monto total del presupuesto, sino que se buscó garantizar el funcionamiento del cuerpo deliberativo. Sin embargo, no todos los ediles coincidieron con esa mirada. El concejal Eduardo Núñez fue uno de los más críticos y alertó sobre la conformación de un “municipio paralelo”, además de reclamar mayor diálogo para evitar una escalada del conflicto.

Con el veto ya presentado, el expediente vuelve ahora al Concejo Deliberante. Para revertir la decisión del Ejecutivo, los concejales deberán avanzar con un proyecto de insistencia que requiere el respaldo de los dos tercios del cuerpo, es decir, al menos siete votos afirmativos. Ese debate será determinante para definir si se impone la postura del Ejecutivo o si el Legislativo logra sostener el texto aprobado en diciembre.

Según trascendió desde el propio Concejo, tanto oficialismo como oposición comenzaron a analizar el decreto de veto enviado por la intendenta. Uno de los aspectos que más llamó la atención entre los ediles fue que el rechazo haya sido total y no parcial, lo que eleva el nivel de confrontación política.

La definición podría llegar en los próximos días: la iniciativa estaría en condiciones de ser tratada este viernes 16 de enero. Mientras tanto, el conflicto mantiene en vilo a la gestión municipal y abre un escenario de fuerte disputa por el manejo de los recursos.