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Publicado el 29 de diciembre de 2025 a las 17:43

La Justicia de San Juan puso fecha para el juicio oral y público contra el intendente de Angaco, José Castro, quien deberá enfrentar el proceso judicial a partir del 23 de febrero de 2026. La decisión fue adoptada por la Sala I de la Cámara Penal, que tendrá a su cargo el debate por presunta malversación de caudales públicos, además de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario.
La causa se originó a fines de 2019, cuando concejales del departamento denunciaron que el entonces jefe comunal habría utilizado maquinaria y personal municipal para realizar trabajos en un predio privado ubicado en Chimbas. De acuerdo a la acusación, una retropala perteneciente al municipio de Angaco y empleados comunales fueron destinados a tareas de compactación de suelo en un terreno ajeno a la comuna.
Si bien la denuncia se presentó cuando Castro estaba por finalizar su segundo mandato consecutivo (2013–2019), el expediente atravesó múltiples demoras judiciales. El procesamiento del intendente quedó firme recién a mediados de 2022 y, ese mismo año, la fiscal Claudia Salica solicitó la elevación a juicio. No obstante, el caso permaneció sin avances durante varios meses hasta que finalmente fue remitido a la Cámara Penal.
El tribunal que llevará adelante el debate quedó conformado a mediados de 2024 por los jueces Miguel Dávila Saffe, Víctor Muñoz Carpino y Juan Carlos Caballero Vidal (h). La fijación de la fecha del juicio se postergó debido a la prioridad otorgada a causas con detenidos y delitos de mayor gravedad.
Castro, quien retornó a la intendencia tras imponerse en las elecciones de 2023, sostiene su inocencia y afirma que la causa responde a una disputa política interna. Sin embargo, la investigación judicial consideró que existen elementos suficientes para sostener su presunta responsabilidad en los hechos denunciados.
Los delitos imputados prevén penas de entre 2 y 6 años de prisión, además de una eventual inhabilitación para ejercer cargos públicos. En caso de una condena firme, el intendente podría verse obligado a dejar su cargo.