El conflicto político entre San Juan y La Rioja por el proyecto minero Vicuña escaló del plano mediático al institucional y dejó expuesta una disputa que va más allá de la minería: el respeto al federalismo y a la autonomía provincial.

Todo comenzó semanas atrás, cuando el gobernador riojano Ricardo Quintela acusó públicamente a San Juan de haberse “apropiado” de un proyecto minero que, según su versión, pertenecía a La Rioja. En ese marco, llegó a advertir que iniciaría acciones legales y que incluso impediría el paso por su provincia para frenar el desarrollo del emprendimiento.

Las declaraciones generaron ruido político inmediato, no solo por el tono confrontativo sino también por el giro discursivo de Quintela, quien años atrás se mostraba crítico de la actividad minera y hoy se presenta como su principal defensor. El eje del reclamo se apoyó en el acceso al campamento Batidero, que actualmente atraviesa un breve tramo por la localidad riojana de Wandacol, aunque desde San Juan aclaran que se trata de una traza provisoria.

Lejos de responder con declaraciones altisonantes, el Gobierno sanjuanino optó por el camino institucional. El 9 de diciembre, el Ministerio de Minería envió una extensa nota formal a funcionarios del gobierno riojano, en la que rechaza de manera categórica cualquier intento de injerencia sobre el proyecto Vicuña.

El documento es claro: el proyecto se encuentra íntegramente en territorio sanjuanino y, por lo tanto, la provincia ejerce competencia exclusiva sobre su evaluación ambiental, autorización y control. Así lo establece la Constitución Nacional, la legislación vigente y la jurisprudencia de la Corte Suprema.

San Juan también marca un límite político. Señala que la mera invocación de posibles impactos ambientales sobre otra provincia no habilita a frenar un procedimiento legal ni a trasladar competencias. Esos impactos, sostiene el escrito, deben probarse técnicamente dentro del proceso de evaluación ambiental, y no mediante acusaciones genéricas o presiones políticas.

Además, el Gobierno provincial rechaza de plano la comparación con conflictos históricos por recursos hídricos compartidos, como el del río Atuel, al considerar que se trata de situaciones completamente distintas. En el caso de Vicuña, no hay recursos naturales compartidos ni afectación del dominio riojano.

El mensaje final es político y jurídico a la vez: aceptar la postura de La Rioja implicaría abrir la puerta a un escenario de intromisiones cruzadas entre provincias, vaciando de contenido el federalismo argentino y generando un precedente peligroso para cualquier actividad productiva.

Por ahora, San Juan ratifica que continuará con el proceso de evaluación ambiental del proyecto Vicuña conforme a su legislación y dentro de su jurisdicción. La pelota queda del lado de La Rioja, que deberá decidir si insiste en un camino judicial con escaso sustento legal o si retrocede en una disputa que, lejos de fortalecerse, parece haber quedado expuesta ante el rigor constitucional.