La tarde del jueves dejó una de las noticias más fuertes del año para la minería argentina. A las seis de la tarde se conoció un comunicado internacional de Vicuña, el proyecto integrado por las empresas Lundin y Josemaría Resources. Allí se anunció la presentación formal del régimen de incentivos a grandes inversiones para el desarrollo del distrito Vicuña, algo que generó enorme interés en el sector y también muchas dudas, ya que la comunicación inicial fue generalista y difícil de interpretar.

Horas después, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, aportó claridad a través de su cuenta en X. Allí confirmó que la iniciativa implica inversiones aceleradas por al menos dos mil millones de dólares durante los primeros dos años desde su aprobación. Esta es la primera vez que un proyecto minero decide encuadrarse bajo la categoría de “proyecto de exportación estratégica de largo plazo”, un esquema distinto a los que se habían presentado hasta ahora en el país.

Según los detalles que comenzaron a conocerse, esta figura no refiere a exploración ni a construcción, sino directamente a futuras exportaciones. El mensaje político y económico es claro: el Estado nacional necesita que la venta de cobre y subproductos comience lo antes posible.

Dentro del distrito, el componente más avanzado es el depósito José María, que será la base operativa y el punto donde se instalará la planta de procesamiento y el dique de cola. El área de Filo del Sol, ubicada a unos diez kilómetros, se integrará en una segunda etapa. El primer trimestre del próximo año será clave, ya que se difundirá el informe de factibilidad completo, con datos actualizados sobre los recursos del total del distrito. Ese documento se presentará ante el mercado inversor internacional y, según especialistas, podría terminar de ubicar a Vicuña dentro del grupo de minas de clase mundial más grandes del planeta.

Los números acompañan esa expectativa. Solo durante este año, el proyecto habrá invertido cerca de cuatrocientos millones de dólares en estudios, ingeniería y trabajos preliminares dentro de Argentina. Esa cifra viene creciendo año tras año. Si se confirma el nuevo esquema de inversión acelerada, la empresa destinaría cerca de mil millones de dólares por año, una cifra equivalente al triple del promedio invertido en los últimos tres años.

En paralelo, fuentes del sector aseguran que el régimen presentado por Vicuña está mucho más completo que los anteriores, con un nivel de detalle técnico que no habían alcanzado otros proyectos. Eso podría agilizar su aprobación por parte del Ministerio de Economía y de la Secretaría de Minería. Nadie arriesga una fecha exacta, pero en el sector hablan de plazos cortos y de una posible definición entre el final del primer semestre y el inicio del segundo.

Un punto clave es que la empresa no necesita esperar la aprobación del régimen para comenzar ciertas inversiones. Ya existen habilitaciones y avances suficientes como para iniciar obras tempranas vinculadas a caminos, campamentos, energía y servicios. Si se confirma el cronograma, 2025 podría convertirse en el año de arranque de la etapa constructiva del proyecto.

El impacto económico sería monumental. Caputo habló de la mayor inversión extranjera directa minera de la historia argentina. El desarrollo de Vicuña dinamizará recaudación por IVA, ingresos brutos, aportes patronales, impuesto a las ganancias y sellos, entre otros tributos. Las regalías representan apenas una porción menor frente al volumen total de impuestos asociados a una operación de esta escala. También habrá un fuerte derrame productivo en hotelería, transporte, servicios, construcción y proveedores locales, como ya ocurrió durante la primera etapa minera de San Juan, que cambió el perfil económico de la provincia entre 2003 y 2007.

Sin embargo, el crecimiento traerá desafíos inmediatos. La magnitud del proyecto demandará ampliación de infraestructura eléctrica, hídrica, habitacional y de conectividad. Habrá más tránsito, más trabajadores y más proveedores, lo que incrementará la presión sobre rutas, comunicaciones y servicios. La Ruta Nacional 40 requerirá una transformación integral para soportar el flujo logístico que implica abastecer una mina de esta escala. La discusión sobre quién financiará esas obras —el Estado, las empresas, concesiones, créditos internacionales— será ineludible.

Pese a los enormes desafíos, la noticia representa una de las señales más alentadoras de los últimos años para la economía sanjuanina. Las expectativas son altas, pero el sector pide cautela para evitar falsas promesas. Lo concreto es que el proyecto avanzó de forma sostenida, acumuló información técnica robusta y ya generó inversiones significativas.

Si los plazos se cumplen y el régimen obtiene una aprobación rápida, Vicuña podría comenzar a mover dinero, máquinas y empleo en muy poco tiempo. Para San Juan y para Argentina, sería el inicio de una etapa de crecimiento profunda, compleja y transformadora.