La Cámara de Diputados aprobó este jueves el Presupuesto 2026, la ley que marca el rumbo económico de la provincia para el año próximo. Se trata del principal instrumento de planificación del Estado, conocido como “ley de leyes”, porque define cómo se administrarán los recursos públicos y cuáles serán las prioridades del gobierno para los próximos doce meses.

El proyecto prevé un gasto total de 3,1 billones de pesos, equivalente a un incremento general del 30 por ciento respecto del ejercicio anterior. Ese aumento supera la previsión inflacionaria nacional del 15 por ciento, lo que supone un escenario de crecimiento económico provincial por encima del promedio estimado para el país. De todos modos, como ocurre cada año, se trata de proyecciones sujetas a la incertidumbre del contexto macroeconómico nacional.

La mitad del presupuesto estará destinada al pago de salarios de la administración pública en todos sus niveles: organismos provinciales, entes descentralizados, Poder Judicial, Legislativo, empresas del Estado y municipios. El resto se repartirá entre gastos operativos, inversión, programas sociales, salud, seguridad y otras áreas estratégicas.

El presupuesto también reconoce un dato clave: aunque Nación proyecta un crecimiento del PBI del 5 por ciento, prevé una caída en la recaudación por la reducción de impuestos nacionales que impactan directamente en la coparticipación que recibe San Juan. Con una estructura donde casi el 87 por ciento de los ingresos provinciales provienen de recursos nacionales, esta disminución obligó a recalibrar algunas previsiones internas.

Pese a ese escenario, el Ejecutivo plantea un presupuesto equilibrado y proyecta un ahorro potencial de $490.000 millones, sujeto a la evolución real de la recaudación y del gasto a lo largo del año.

Entre los principales destinos de recursos, se asignan 1,5 billones de pesos a remuneraciones. En materia de seguridad, excluyendo sueldos, la partida será de $246.000 millones. Para Salud, también por fuera de salarios, se proyectan $540.000 millones, lo que representa el 32 por ciento del total del área. Educación y Cultura recibirán $858.000 millones, con un fuerte foco en el mantenimiento de establecimientos educativos.

Promoción y asistencia social concentrará alrededor de $110.000 millones. En el caso de vivienda y urbanismo, se destinan $137.000 millones, un monto que refleja el impacto de la caída del financiamiento nacional para obra pública. Buena parte de estos fondos proviene del FONAVI.

Para los 19 municipios, el reparto total será de $310.000 millones, con aumentos del orden del 30 por ciento respecto al año anterior. Capital será nuevamente el departamento que mayor asignación recibirá, seguido por Rawson y Chimbas, según los coeficientes de coparticipación vigentes.

La deuda pública provincial se mantiene en niveles bajos: asciende a $45.000 millones, compuesta principalmente por créditos con organismos internacionales como el BID.

El presupuesto también detalla los fondos destinados a empresas estatales. Cannabis Medicinal San Juan tendrá $1.550 millones; la empresa de internet provincial, casi $11.000 millones; la Agencia Calidad San Juan, $4.886 millones; Obras Sanitarias Sociedad del Estado, $116.000 millones; la Agencia San Juan del Bicentenario, $9.585 millones; y la Agencia de Deportes, $5.360 millones.

Uno de los puntos más controvertidos volvió a aparecer: la Legislatura delegó nuevamente facultades especiales al Poder Ejecutivo para modificar y reestructurar partidas, siempre que no se altere el monto total del presupuesto. Esta herramienta, conocida como “superpoderes”, permite al Ministerio de Economía reasignar hasta el 80 por ciento de las partidas sin necesidad de aprobación legislativa. Aunque se aplica desde hace varios años, sigue generando cuestionamientos por la cesión de atribuciones propias del Poder Legislativo.

En cuanto a la distribución constitucional obligatoria, el Poder Judicial recibirá $166.104 millones, lo que equivale al 9,82 por ciento del presupuesto, casi el doble del piso mínimo establecido por la Constitución provincial, que es del cinco por ciento. El Poder Legislativo percibirá $28.483 millones, un 1,83 por ciento del total, apenas por debajo del piso del dos por ciento.

Durante la sesión también se aprobó por unanimidad la emergencia hídrica, con la particularidad de que Obras Sanitarias quedó excluida del régimen especial, tras un pedido de la oposición que el oficialismo acompañó. Además, se sancionó la nueva Ley de Transporte con 21 votos a favor y 15 en contra, en una votación ajustada.

En los próximos días, el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, junto a su equipo, presentará la Ley Tributaria Provincial, donde se detallará el esquema impositivo previsto para 2026. Se espera que se trate en el recinto antes del cierre del año legislativo.