La causa del Acueducto Gran Tulum sumó hoy un capítulo decisivo: ingresó a la Unidad Fiscal de Delitos Especiales la primera denuncia penal formal desde que estallaron públicamente las sospechas sobre la compra e instalación de caños que no cumplían con los requisitos técnicos para una obra de esta magnitud. La presentación fue realizada por el abogado Marcelo Arancibia, quien actúa como ciudadano y respalda su planteo en las investigaciones periodísticas publicadas por Tiempo de San Juan.

La obra, iniciada durante los gobiernos de Sergio Uñac, fue financiada mediante un crédito de 100 millones de dólares otorgado por el Fondo Kuwaití. La semana pasada el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, confirmó que la provincia ya comenzó a pagar la primera cuota del préstamo, pese a que el acueducto no está terminado y que importantes tramos debieron ser frenados tras detectarse que los caños comprados no cumplían con la capacidad estructural requerida. Ese dato terminó de motorizar la presentación judicial.

En su denuncia, de doce páginas, Arancibia apunta a posibles hechos que podrían constituir violación de deberes de funcionario público, malversación, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles, asociación ilícita administrativa y defraudación al Estado. Solicita que se investigue a los funcionarios que intervinieron en las contrataciones, certificaciones y controles de la obra, así como a directivos de la empresa adjudicataria, CRA América Latina S.A. Según la acusación, publicaciones periodísticas dan cuenta de vínculos entre altos funcionarios provinciales y esa firma, posibles direccionamientos licitatorios, advertencias técnicas ignoradas y diferencias económicas significativas entre ofertas competidoras.

La denuncia se presenta en una fecha clave: el 10 de diciembre se cumplen dos años desde que dejaron sus cargos los exfuncionarios señalados en los períodos 2015–2019 y 2019–2023. El denunciante sostiene que, pasado ese plazo, no podrían ser juzgados por eventual enriquecimiento ilícito, por lo que busca que la causa se active antes del vencimiento legal que permitiría, en caso de una condena, avanzar sobre el patrimonio de los eventuales responsables.

El caso tomó fuerza pública en 2023, cuando el entonces candidato a gobernador Eduardo Cáceres publicó un video mostrando caños abandonados y denunciando su inutilidad. La investigación posterior confirmó que gran parte del material adquirido no cumplía con los estándares técnicos para un acueducto de alta presión y que la obra debió frenarse para volver a comprar caños aptos, generando un costo millonario para la provincia. A eso se sumó que varios periodistas que investigaron el tema fueron denunciados, en un intento de amedrentamiento que no prosperó y reavivó el debate sobre libertad de expresión.

Con la denuncia ya presentada, será ahora la Justicia la encargada de determinar si existieron delitos y, en tal caso, quiénes son los responsables. La UFI deberá sortear qué fiscal tomará la causa y definir si corresponde abrir la investigación penal preparatoria. El expediente ingresa en vísperas de la feria judicial, pero se trata de un caso de alto interés público que lleva años acumulando sospechas. La expectativa está puesta en que finalmente la Justicia arroje claridad sobre el destino del crédito de cien millones de dólares y el estado real de una obra estratégica para el futuro hídrico de la provincia.