El ministro de la Corte de Justicia de San Juan, Marcelo Jorge Lima, inició una demanda civil contra el dirigente libertario Sergio Guillermo Vallejos Mini por daños y perjuicios y por una acción declarativa de inexactitud. La presentación judicial reclama una indemnización de 60 millones de pesos y solicita que la Justicia deje asentado que las acusaciones públicas realizadas por Vallejos contra el magistrado son falsas.

La demanda sostiene que Vallejos actuó de manera maliciosa, abusiva e irresponsable al promover pedidos de juicio político basados en hechos que, según la presentación, no eran ciertos. Según el texto ingresado a tribunales, esas denuncias lesionaron el honor, la reputación y la dignidad del ministro de la Corte, a la vez que fueron difundidas en múltiples medios de comunicación con el objetivo de amplificar su impacto público.

El conflicto tiene dos ejes centrales. El primero se originó cuando Vallejos acusó a la Corte de Justicia de manipular jurisprudencia y aplicar tasas de interés ilegales en la causa “Municipalidad de Rawson”, lo que según su planteo beneficiaba a personas cercanas al poder político. La demanda de Lima afirma que esto es falso y que la jurisprudencia en cuestión ya había sido modificada en 2019, por lo que el fallo cuestionado se ajustaba a la normativa vigente.

El segundo eje surge del pedido de juicio político en el que Vallejos aseguró que Lima había violado la Constitución provincial por mantener la titularidad de un registro notarial mientras ejercía como ministro de la Corte. El planteo judicial de Lima indica que esta afirmación también es incorrecta porque contaba con una licencia formal otorgada por el Colegio Notarial, conforme a la ley, y que no ejercía la actividad profesional. Incluso se señala que el propio Vallejos reconoció en su denuncia la existencia de esa licencia.

Ambos pedidos de juicio político fueron rechazados por unanimidad en la Cámara de Diputados. No obstante, el reclamo de Lima enfatiza que Vallejos no se limitó a presentar las acusaciones en el ámbito institucional, sino que además se ocupó de difundirlas públicamente en radios, canales y redes sociales, lo que habría ampliado el daño moral que ahora reclama reparar.

El caso tiene antecedentes en la historia judicial sanjuanina. El más cercano ocurrió entre 2006 y 2007, cuando integrantes del Foro de Abogados impulsaron un pedido de enjuiciamiento contra los miembros de la Corte de aquel momento. Tras el rechazo legislativo, el cortista Adolfo Caballero inició una demanda por daños y perjuicios contra el Foro, que terminó con un acuerdo extrajudicial luego de una sentencia adversa para la entidad.

Ahora será la Justicia civil la que deberá resolver si las acusaciones difundidas por Vallejos fueron efectivamente falsas y si corresponde o no otorgar el resarcimiento económico solicitado por el ministro de la Corte.