Al menos una vez al mes el tema reaparece, pero esta vez vuelve con fuerza por un disparador concreto: la sentencia emitida el lunes en la causa de mala praxis que tomó trascendencia pública. Se trata del caso de la médica Daniela Saldívar, ocurrido en 2021, donde un bebé recién nacido falleció tras un parto humanizado que terminó en derivación al Hospital Rawson. El bebé murió después de 25 días debido a una falla neurológica asociada al proceso del parto. La madre, Florencia, denunció a la profesional y cuatro años más tarde la Justicia confirmó la responsabilidad por mala praxis.

El lunes pasado Saldívar fue condenada a un año y tres meses de prisión en suspenso y a cinco años de inhabilitación profesional. Ese antecedente disparó una reacción pública significativa. Antes de la sentencia, un sector importante del ámbito médico sanjuanino, respaldado también por entidades como la Asociación de Ginecólogos y Obstetras y por profesionales de clínicas y consultorios privados, expresó un apoyo cerrado a la médica. Se trató de una respuesta colectivamente organizada que tuvo un tono corporativo, más allá de las particularidades de cada profesional.

Tras conocerse la condena, el mismo grupo que venía defendiendo a Saldívar continuó con sus manifestaciones públicas, esta vez para cuestionar a la Justicia. En ese contexto apareció un elemento completamente inesperado: un comunicado del Consejo de Fiscalías y Asesorías de San Juan, conocido como Cofías. Desde su creación, el organismo había mantenido un perfil bajo, casi pasivo, sin pronunciamientos fuertes. Sin embargo, esta vez decidió intervenir con un mensaje contundente.

El comunicado, fechado el 1 de diciembre de 2025, respalda el trabajo realizado por sus integrantes en la causa y advierte que detrás de cada proceso penal hay vidas reales, familias víctimas que esperan respuestas y personas acusadas que buscan defenderse. El texto aclara que el Ministerio Público ha actuado con objetividad y conforme a la ley en todos los casos de presunta mala praxis. Además, hace referencia a un argumento que tomó fuerza en los últimos días dentro del ámbito médico: la idea de que los errores cometidos durante un acto profesional noble deberían estar fuera del análisis penal. Cofías responde con un principio básico y no negociable del Estado de derecho: todas las personas son responsables por sus actos cuando un daño evitable provoca una tragedia.

Uno de los datos más relevantes que aporta el comunicado es que desde 2021 ingresaron 98 denuncias por mala praxis en el nuevo sistema acusatorio, pero solo tres llegaron a juicio y únicamente en esas tres se comprobó un apartamiento grave de las reglas mínimas para el ejercicio de la medicina. Según Cofías, esto demuestra que no existe criminalización de la actividad médica.

El debate de fondo expone una tensión histórica entre ciertos sectores del ámbito de la salud y el sistema judicial. Existen profesionales que consideran injusto que alguien que no se dedica a la medicina pueda evaluar sus actos técnicos o incluso condenarlos. Sin embargo, esa idea desconoce el funcionamiento del proceso penal. Ni los fiscales ni los jueces actúan en base a interpretaciones personales sobre una práctica médica. Las decisiones se sustentan en informes técnicos elaborados por peritos médicos especializados, quienes aportan los elementos científicos fundamentales para determinar si existió negligencia o impericia. Además, el nuevo sistema procesal permite que las partes incorporen sus propios peritos, lo que garantiza un análisis equilibrado y con respaldo profesional.

Anoche, en una entrevista emitida por Canal 3 en el programa Es lo que hay, habló por primera vez del tema el nuevo fiscal general de la Corte de Justicia, Guillermo Baigorri. Consultado sobre el comunicado de Cofías y sobre la causa Saldívar, Baigorri afirmó que la función del fiscal es investigar cuando existan indicios de un delito. No se trata de una persecución hacia una profesión específica, sino del cumplimiento de la ley en hechos donde puede haber responsabilidad penal. Recordó que la sentencia final no la dicta el Ministerio Público, sino un juez, y que el proceso contempla evaluaciones técnicas respaldadas por peritos.

En el cierre de la entrevista, Baigorri marcó un punto central para entender el debate actual. Dijo que no se persigue a un profesional por ejercer la medicina, sino que se interviene cuando una acción negligente genera un daño que afecta un bien jurídico protegido. También destacó que disponer de peritos de parte, tanto para fiscales como para defensas, permite que el análisis sea más transparente y completo.