El conflicto por la traza que utilizará el proyecto minero Hualilán, en Calingasta, dejó al descubierto tensiones políticas, reclamos vecinales y la urgencia del Gobierno provincial por reactivar un yacimiento que lleva años buscando ponerse en marcha. Tras varios días de declaraciones cruzadas, las voces de Jorge Castañeda, diputado departamental; Sonia Delgado, directora ejecutiva de Challenger Gold; y Juan Pablo Perea, ministro de Minería permiten reconstruir lo que ocurrió y hacia dónde puede encaminarse la polémica.

Todo se desencadenó a partir de una reunión convocada por el Ministerio de Minería el jueves pasado. Allí participaron la empresa operadora, autoridades municipales, concejales, cámaras mineras y legisladores. El encuentro, según todos los testimonios, fue extenso y técnico: se revisaron los avances del proyecto, el estado de la Declaración de Impacto Ambiental, los plazos administrativos y, sobre todo, las alternativas viales para que el tránsito de camiones no ingrese a la villa de Calingasta.

Sin embargo, al día siguiente, un comunicado del Concejo Deliberante denunció supuestos “maltratos” hacia el intendente y los concejales de Calingasta por parte de la empresa y del propio Ministerio. El documento generó sorpresa en todos los actores que estuvieron presentes. “La reunión fue totalmente cordial”, afirmó Sonia Delgado, quien dijo haberse enterado por la prensa de la acusación. Perea también expresó desconcierto: “Nos encontramos con una nota diciendo que habían sido maltratados. Realmente sorprendidos. Por suerte después se aclaró”.

Para Castañeda, que también participó del encuentro, el comunicado tuvo un origen más político que institucional. El diputado no sólo negó cualquier destrato, sino que destacó el clima de diálogo que hubo en la mesa. Para él, el trasfondo es claro: sectores internos del departamento “están generando ruido” en un momento clave para la puesta en producción de Hualilán.

Más allá de la controversia política, todos coinciden en que el punto central es la traza del camino. La empresa venía trabajando sobre alternativas para evitar el paso por la Villa Calingasta, y el debate llevaba meses. Pero el sábado se destrabó un elemento inesperado: vecinos, dirigentes y referentes del lugar mostraron a la empresa una nueva opción, un bypass de 4 kilómetros, que permitiría usar el puente pero sin ingresar al casco urbano, bordeando el río.

Según explicó Delgado, la empresa no conocía esa huella hasta ese día. Recorrieron el lugar a pie, tomaron mediciones y concluyeron que es una solución “perfecta”, rápida de ejecutar y menos invasiva. El equipo técnico pasó el fin de semana preparando la propuesta formal para presentarla hoy al Ministerio, en el cierre del plazo administrativo.

El ministro Perea confirmó que conoce la alternativa aunque aún no ingresó por vía formal. Aseguró que la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero la evaluará con rigurosidad, como exige la ley, pero destacó que el Gobierno provincial ya tomó una decisión política: “Vamos a brindar todos los medios necesarios para que Hualilán sea una realidad. Tenemos que hacer que las cosas sucedan”.

Para el diputado Castañeda, la comunidad de Calingasta mantiene una licencia social sostenida a favor de la minería, pero exige —y con razón— garantías de seguridad y obras que acompañen el desarrollo. “Hay un contrato social generalizado”, dijo. “La gente quiere que haya trabajo, que se muevan los proveedores y que Calingasta vuelva a tener regalías”.

Delgado coincidió en ese diagnóstico. Explicó que la empresa está en un momento clave: Hualilán ya hizo su segunda voladura, está montando el campamento y espera únicamente la aprobación vial para comenzar el transporte hacia Casposo. Además, cada semana de demora genera pérdidas económicas y afecta hitos que Challenger Gold debe cumplir ante los mercados internacionales. “Estamos perdiendo plata”, afirmó. “Pero también San Juan está perdiendo regalías”.

El ministro Perea, en paralelo, insistió en que la minería en San Juan es “política de Estado” y no un asunto partidario. Dijo que el Gobierno no se detendrá en las disputas entre dirigentes locales y que su responsabilidad es garantizar controles, seguridad y cumplimiento de la normativa. “El ciudadano que está sin trabajo no tiene la culpa de discusiones entre políticos”, señaló. “Nosotros tenemos que hacer que las cosas sucedan”.

Con la nueva traza en evaluación, la expectativa está puesta en si el proyecto podrá iniciar su etapa productiva antes de fin de año, como había planificado la empresa. Delgado fue cauta: dijo que no es imposible, pero “complicado”. Perea evitó dar una fecha, aunque aseguró que todos los procesos bajo responsabilidad del Ministerio estarán listos a tiempo: “Si la empresa pone de su parte, nosotros ponemos la nuestra”.

De fondo, la discusión dejó algo claro: San Juan está ante la oportunidad de reactivar Casposo y poner en marcha Hualilán, algo que no sucede hace más de una década. La tensión política, el ruido interno y los tiempos administrativos se están jugando en simultáneo con un objetivo mayor: que la provincia vuelva a encender un motor clave para su economía.

La pelota ahora está en la cancha del Ministerio, que deberá evaluar la nueva propuesta. La comunidad espera, la empresa presiona por tiempos y el Gobierno no quiere que esta oportunidad vuelva a enfriarse. El futuro inmediato de Hualilán dependerá de lo que se decida en las próximas horas.