La política de Calingasta volvió a tensarse este miércoles con la aparición de una resolución del Concejo Deliberante que repudia en duros términos al Ministerio de Minería y a la empresa Hualilán, acusándolos de “destrato”, “menosprecio a la voluntad popular” y “falta de respuestas”. El documento, sin embargo, llegó en el momento menos esperado: apenas horas después de una reunión de más de dos horas en la que, según todas las fuentes consultadas, las partes habían logrado encauzar diferencias y despejar dudas técnicas sobre el proyecto minero.

La resolución N°178 está firmada únicamente por la presidenta del Concejo, Nora Beatriz Olivares, y la secretaria legislativa. No figuran las firmas del resto de los ediles, lo que generó aún más ruido sobre el nivel de consenso real detrás del texto. Desde el cuerpo aseguran que la decisión representa a todos, pero algunos concejales consultados no pudieron precisar por qué no aparecen sus rúbricas ni si existió un acta formal de acompañamiento.

El comunicado acusa a Minería y a la empresa de haber tratado con desprecio al Concejo y al intendente Sebastián Carbajal, y de desoír los planteos de la comunidad. El texto invoca “respeto institucional”, denuncia una supuesta vulneración de derechos de los calingastinos y afirma que las autoridades provinciales actuarían con indiferencia frente a las preocupaciones locales. Sin embargo, no menciona ningún hecho puntual que haya motivado el repudio.

Lo llamativo es que la reacción llega inmediatamente después de un encuentro en el que participaron el ministro de Minería, equipos técnicos provinciales, la directora ejecutiva de Challenge Gold, concejales, representantes municipales y cámaras de proveedores. La reunión, que comenzó con un cruce entre el intendente y el ministro por la falta de avance del Plan de Desarrollo Territorial, terminó —según coinciden todas las fuentes— en un clima constructivo: se evacuaron dudas sobre el trazado alternativo del camino entre Hualilán y Casposo, se revisaron aspectos del informe de impacto ambiental y se acordó seguir trabajando.

Tras ese encuentro oficial incluso hubo una segunda reunión informal, en un café, entre concejales, cámaras mineras y la empresa, donde también se habría logrado claridad y buen entendimiento.

Consultado por este medio, uno de los ediles que sostiene haber acompañado la resolución afirmó que no ocurrió ningún episodio puntualmente conflictivo, sino que la medida responde al “destrato que viene desde hace tiempo”. Aun así, no pudieron precisar por qué ese supuesto destrato se canalizó recién ahora, ni explicar la contradicción con el balance positivo de la reunión del mismo día.

El resultado es un escenario enrarecido que vuelve a abrir la interna política en Calingasta y que amenaza con frenar los avances sobre un proyecto minero clave para el empleo local. Concejales, empresa y Provincia coinciden en privado en que la comunicación genera más confusión que certezas. La comunidad, mientras tanto, queda atrapada en un conflicto que parece tener menos que ver con cuestiones técnicas y más con tensiones políticas internas que nadie termina de transparentar.

Hasta el cierre de esta edición, ni el intendente Sebastián Carbajal ni los concejales firmantes ofrecieron una explicación pública. La empresa Challenge Gold y el Ministerio de Minería evitaron responder en caliente, aunque ratificaron que la reunión fue “constructiva” y que continuarán trabajando en la presentación del trazado alternativo.

En un departamento donde la minería ordenada y consensuada se presenta como una de las pocas fuentes reales de desarrollo, el comunicado del Concejo funcionó como una chispa que reavivó un conflicto institucional que parecía encaminarse. Y dejó al descubierto que, detrás de la discusión técnica, persisten tensiones políticas profundas que nadie quiere asumir abiertamente.