La Cámara de Diputados de San Juan encara la recta final del año legislativo y este jueves llega con dos temas clave en agenda: la Ley de Transporte y la prórroga de la Emergencia Hídrica. Finalmente, la norma que buscaba reformar por completo el sistema de transporte público y privado no será tratada. La decisión se tomó luego de que el oficialismo reconociera que, aunque tiene los votos, quiere evitar un tratamiento conflictivo y busca alcanzar un consenso más amplio.

La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo en septiembre, arrastra resistencias desde su ingreso. En aquel momento el oficialismo intentó tratarla sobre tablas sin despacho de Legislación y Asuntos Constitucionales, pero la falta de acompañamiento del peronismo, el bloqueismo y bloques unipersonales frustró el intento. Se acordó retomarla después de las elecciones del 26 de octubre, pero desde entonces no hubo avances reales.

Recién esta semana hubo una reunión entre los presidentes de bloque y el secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina. Aunque se incorporaron modificaciones menores —como aclaraciones sobre seguros, requisitos de licencia profesional, antigüedad máxima de vehículos y un plazo de un año para adecuación al nuevo sistema— los bloques opositores sostuvieron que aún quedan puntos sin resolver. También se incorporó un cambio estructural: la eliminación del negocio del alquiler de licencias, que pasarán a ser personales e intransferibles.

Pese a que desde el oficialismo aseguran contar con la mayoría necesaria, admiten que prefieren evitar el costo político de aprobar la ley sin respaldo más amplio. “Queremos consenso”, fue el mensaje transmitido a los bloques. Con esto, la discusión queda postergada para diciembre, en un escenario ya cargado por el final del período legislativo y la extensión de sesiones ordinarias hasta el 30 del próximo mes.

Mientras tanto, sí avanzará la Ley de Emergencia Hídrica. El peronismo acompañará en general al considerar que la situación hídrica de la provincia amerita medidas urgentes, aunque votará en contra de algunos artículos. El punto de conflicto es la amplitud de facultades que recibiría OSSE para contratar obras de manera directa, sin los procedimientos que marca la Ley de Contabilidad. La oposición advierte que ese nivel de discrecionalidad podría derivar en descontrol administrativo.

Aun así, el oficialismo tiene asegurada la aprobación y la decisión política de avanzar. Una vez vigente la emergencia, quedará en manos de OSSE definir qué obras serán ejecutadas bajo este esquema acelerado.