El Poder Judicial de San Juan volvió a sorprender, y no precisamente por acelerar sentencias, transparentar procesos o mejorar la atención al ciudadano. Esta vez lo hizo con una iniciativa que desató desconcierto y risas: una convocatoria interna para que sus empleados aporten palabras o frases de hasta quince palabras vinculadas a la discapacidad, la inclusión o la empatía. Con ese material, según anunciaron, se compondrá una “canción colectiva” que será presentada el próximo 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

La comunicación oficial circuló por redes institucionales y grupos laborales como si se tratara de un concurso artístico. El personal debía enviar su frase junto con nombre, apellido y organismo a la Oficina de la Mujer y al Programa de Promoción e Inclusión para Personas con Discapacidad. A partir de allí, prometieron, se armará la letra del tema y los participantes serán mencionados en los créditos del video.

El anuncio abrió más preguntas que certezas. ¿Quién compondrá la música? ¿Quién producirá el tema? ¿Se contratará a alguien? ¿Se hará con recursos internos? ¿Cómo se unirá un collage de frases sueltas en una canción coherente? ¿Cuál es exactamente el objetivo institucional de esta acción?

Lo que para algunos puede parecer una campaña de sensibilización, para otros luce como un síntoma del desconcierto en la conducción judicial. La iniciativa aparece descalzada de la realidad: mientras causas llevan años sin resolución, se discuten polémicos nombramientos y el descrédito público crece, la agenda del Poder Judicial parece concentrarse en inventar un producto musical.

El malestar interno no tardó en surgir. Hay magistrados que, consultados, se limitaron a decir que se trata de una acción nacida de una sola persona dentro del cuerpo colegiado, aunque el Poder Judicial tiene cinco integrantes a cargo y ninguno salió públicamente a frenarla. La idea, dicen algunos, intenta responder a la necesidad de “mostrar algo”, de ocupar una efeméride sin caer en actos que ya fueron cuestionados, como charlas ideologizadas o inauguraciones de lactarios repetidos. Pero el resultado parece haber caído en el ridículo.

Todo esto ocurre en un contexto donde la institución ya arrastra la peor imagen pública entre los tres poderes del Estado. Y acciones como esta profundizan la desconexión con la ciudadanía: en lugar de mostrar eficiencia, transparencia o decisiones firmes, el mensaje que transmiten es que hay tiempo para producir una canción pero no para dictar justicia en los plazos razonables que espera la sociedad.

Incluso surgen dudas más profundas: si el foco es la inclusión real de personas con discapacidad, ¿cuántos empleados con discapacidad tiene hoy el Poder Judicial? ¿Se cumple algún cupo? ¿Qué condiciones de accesibilidad efectiva existen? ¿O la efeméride se convierte únicamente en un ejercicio simbólico, un gesto vacío que se confunde con entretenimiento institucional?

El episodio generó indignación y sarcasmo dentro y fuera del foro judicial. Algunos empleados, acostumbrados a que se les exija productividad, ahora se ven invitados a aportar “creatividad artística” en horario laboral. Otros recuerdan casos de funcionarios que sí protagonizaron episodios musicales en oficinas públicas, lo que convierte esta iniciativa en una continuidad del despropósito.

No se trata de un ataque a las personas con discapacidad ni al valor de la inclusión. Todo lo contrario: el reclamo es que un poder del Estado trate estos temas con la seriedad que requieren. Un Poder Judicial que no logra ordenar sus prioridades termina expuesto al ridículo. Y, una vez más, lo dejó demostrado por iniciativa propia.