El Concejo Deliberante de Caucete volvió a quedar envuelto en un conflicto que expone, una vez más, la fragilidad institucional que arrastra desde hace años. Lejos de funcionar con normalidad, el cuerpo legislativo atraviesa una nueva escalada de acusaciones cruzadas, denuncias policiales, intentos de suspensiones y una convivencia política que parece deteriorarse cada vez más.

El escenario se reactivó luego de la denuncia presentada hace dos semanas contra los concejales de Juntos por el Cambio, Manuel Castro y Ramiro Fernández, acusados de exigirle a una secretaria legislativa que les entregara parte de su sueldo como condición para sostener su cargo. La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales y, aunque todavía está en etapa inicial, generó un fuerte impacto dentro del Concejo.

La tensión estalló nuevamente esta semana, durante la reunión de Labor Parlamentaria previa a la sesión. Allí, los concejales oficialistas Marina Poblete y Roca, vinculados políticamente a la intendenta Romina Rosas, presentaron un pedido para declarar la nulidad de los votos de Castro y Fernández. El objetivo era claro: desplazar su peso político y habilitar la suspensión de ambos, sumando los votos necesarios para imponer mayoría.

Según la versión de los concejales opositores, la reunión derivó en un clima de hostigamiento. Aseguran que el presidente del Concejo, José Luis Jiménez, ingresó junto a dos asesoras y los increpó para forzarlos a aprobar el orden del día. Tras el cruce, presentaron una denuncia en sede policial por hostigamiento, abuso de autoridad y hostigamiento institucional. Desde el oficialismo lo niegan y, por el contrario, sostienen que los opositores buscan impedir la sesión para evitar el avance de los pedidos de suspensión.

El conflicto continuó en la sesión del jueves. El pedido de nulidad no ingresó por el canal formal, pero podía ser tratado sobre tablas, una herramienta legislativa que permite incluir un tema sin dictamen previo. Al anticipar esa maniobra, según el oficialismo, los concejales Fernández, Castro, Bufani y Gómez se retiraron del recinto para dejar sin quórum la sesión. Desde la oposición retrucan: sostienen que se levantaron porque pretendían imponer temas que no habían sido acordados previamente en Labor Parlamentaria.

Sin quórum, la sesión se cayó y el tratamiento del caso quedó postergado para la próxima semana. Existe la posibilidad de que el oficialismo insista con el tratamiento sobre tablas o que el tema pase primero por comisión. Pero, de repetirse las mismas maniobras, es probable que el Concejo vuelva a paralizarse.

El episodio deja expuesto un problema estructural: el Concejo Deliberante de Caucete convive con internas profundas, desconfianza política y un funcionamiento que desde hace tiempo está lejos de la normalidad. Con acusaciones penales en curso, intentos de suspensiones, denuncias de maltrato institucional y estrategias para forzar mayorías, el clima parece cada vez más enrarecido.

La próxima semana será decisiva. Si logran avanzar sobre las suspensiones, el oficialismo podría reconfigurar el equilibrio interno del cuerpo. Si no, el conflicto amenaza con repetir la escena: sesiones frustradas, parálisis legislativa y un Concejo que, otra vez, muestra más tensiones que deliberación.