El desarrollo minero Hualilán, ubicado en Calingasta, estaba listo para comenzar su primera etapa productiva esta semana. Después de años de estudios técnicos, audiencias públicas y acuerdos formales, la empresa tenía contrato firmado, permisos otorgados y cronograma confirmado. Pero, sorpresivamente, en los últimos días surgieron objeciones desde las cámaras empresariales del departamento que podrían frenar el inicio del proyecto.

La mina Hualilán, perteneciente a Challenger Gold, había planificado realizar su primera voladura el jueves pasado, y comenzar la producción en diciembre. Se trata de un emprendimiento de mediana escala, considerado estratégico por el gobierno provincial por su potencial de generar empleo local y fortalecer la cadena de proveedores mineros. Sin embargo, lo que parecía un hecho concreto terminó convertido en un nuevo frente de conflicto.

La Cámara de Servicios Mineros de Calingasta (CASEMICA) emitió comunicados y mantuvo reuniones con el Concejo Deliberante, con la empresa y con funcionarios municipales, manifestando su preocupación por el tránsito de camiones pesados que trasladarán el mineral hacia Casposo. Argumentan que el paso de unos veinte camiones diarios por la villa principal podría afectar la infraestructura vial y alterar la dinámica del pueblo.

El planteo se da pese a que el informe de impacto ambiental fue aprobado hace más de un año, con audiencia pública incluida, y con la ruta 149 establecida oficialmente como vía de circulación. El acuerdo entre municipio, empresa y Provincia preveía una circulación controlada de lunes a viernes, entre las 8 y las 18 y fue validado por las autoridades competentes.

Ahora, la cámara propone construir un camino alternativo, un puente provisorio o un desvío por Cerro Negro y Villa Corral. Además, exigen que las compañías aporten fondos adicionales para obras de infraestructura y garanticen la contratación de mano de obra local.

Lo llamativo no es solo el reclamo técnico, sino el momento político en que aparece. Después de las elecciones del 26 de octubre, cuando los alineamientos locales quedaron reconfigurados, distintos sectores empresariales y políticos comenzaron a marcar territorio. En ese contexto, el caso Hualilán parece más una disputa de poder que una preocupación ambiental.

Fuentes del sector aseguran que las cámaras no se opusieron durante las etapas de evaluación y aprobación del proyecto, y que el reclamo surge ahora por diferencias internas entre actores locales. “No es casual que aparezcan objeciones justo cuando está por arrancar la producción”, señalaron a este medio empresarios vinculados al rubro minero.

En Calingasta, la discusión también tiene un costado político: el intendente y el diputado departamental que se reunieron esta semana con autoridades del Ministerio de Minería quedaron en el centro de una pulseada silenciosa entre el empresariado local, el municipio y el gobierno provincial. Nadie lo dice abiertamente, pero en los pasillos del departamento todos entienden que detrás del debate ambiental hay una interna por el control de los recursos y los contratos que traerá el nuevo ciclo minero.

El ministro de Minería busca destrabar la situación sin poner en riesgo la previsibilidad del sistema de permisos. Si el conflicto no se resuelve en los próximos días, el inicio de Hualilán podría postergarse, afectando contratos firmados y enviando una mala señal a futuras inversiones.

El proyecto Hualilán es el primero que la provincia tiene listo para producir bajo la gestión de Marcelo Orrego. Su retraso, más allá del impacto económico, sería un golpe político: la minería es uno de los pilares sobre los que el gobierno busca construir confianza y atraer capitales.

Por eso, lo que está en juego no es solo un camino o el paso de veinte camiones. Es la credibilidad del sistema minero sanjuanino y la capacidad del poder político para mantener el orden en un terreno donde las presiones empresariales, las internas locales y los intereses cruzados parecen tener más peso que la planificación.