La Corte de Justicia de San Juan aprobó la implementación de un nuevo sistema de subastas electrónicas para agilizar y modernizar los procesos judiciales que requieren la venta de bienes por orden de un juez. La medida quedó formalizada en una acordada fechada el 27 de octubre de 2025, donde se autoriza el uso de un portal digital de subastas online.

El sistema, que permitirá realizar subastas de forma completamente remota, fue adjudicado a la empresa Teluka S.A.S., que también opera plataformas similares en los poderes judiciales de Córdoba, La Pampa, Entre Ríos, San Luis, Salta y el gobierno de Jujuy. Según la resolución, la Dirección de Informática y la Dirección de Seguimiento Estratégico y Control de Gestión serán las responsables de implementar el nuevo sistema en San Juan. La medida busca simplificar los procedimientos que hasta ahora implicaban publicaciones en papel, presencia física de las partes y complejas notificaciones.

Con la nueva modalidad, los interesados podrán participar de las subastas en línea, de forma anónima, y las ofertas se registrarán automáticamente hasta que se determine el ganador, quien luego deberá cumplir con las etapas tradicionales de pago y adjudicación.

Aunque la Corte fundamentó su decisión en la “mayor accesibilidad” y la “adecuación técnica y jurídica” de la propuesta de Teluka, el texto de la acordada no especifica si se realizó una licitación pública o un cotejo de precios. La documentación solo menciona un análisis comparativo de distintos prestadores, sin detallar el procedimiento ni los criterios de selección utilizados.

En 2022, el Colegio Profesional de Martilleros y Corredores Públicos de Córdoba denunció inconsistencias en el domicilio fiscal declarado por la misma empresa, afirmando que la dirección registrada en esa ciudad no existía. Aunque se desconoce si aquella situación fue subsanada, el antecedente generó preocupación entre algunos actores judiciales y profesionales del sector.

En San Juan, la Corte informó que se consultó al Consejo de Martilleros y Corredores Públicos, que no presentó objeciones a la incorporación del sistema. Además, la Dirección de Informática del Poder Judicial consideró que la propuesta no implica costos de licencia ni mantenimiento de servidores y que ofrece mejoras automáticas en su funcionalidad.

Pese a ello, la falta de transparencia en el mecanismo de contratación y los antecedentes controversiales de la empresa en otras jurisdicciones dejan abiertos algunos interrogantes sobre la decisión judicial.