En el programa La Picada se analizó el cierre de una de las discusiones más intensas de los últimos meses en el Poder Judicial de San Juan: la definición de la terna para el cargo de Fiscal General, una decisión que estuvo al borde de naufragar en medio de presiones políticas, negociaciones estancadas y plazos constitucionales al límite.

Tras un proceso que en la mesa de análisis se describió como un “parto político”, el Consejo de la Magistratura finalmente elevó los tres nombres que competirán por el puesto más relevante del Ministerio Público: Matías Parrado, Rolando Lozano y Guillermo Baigorrí.

El camino hasta llegar a ese resultado fue accidentado. Las diferencias entre el oficialismo y el peronismo trabaron durante semanas la posibilidad de alcanzar los tres votos necesarios. Hubo reuniones suspendidas, discusiones acaloradas y hasta amenazas de desempate que tensaron la relación entre los representantes del Ejecutivo, la Corte y el Foro de Abogados.

El proceso se destrabó cuando se aclaró que los plazos constitucionales se cuentan en días hábiles y no corridos, lo que permitió extender la negociación hasta después de las elecciones. De este modo, el oficialismo evitó exponerse a una definición antes de los comicios del 26 de octubre.

La designación del nuevo Fiscal General quedará ahora en manos de la Cámara de Diputados, que podría tratar el tema en los primeros días de noviembre. El resultado electoral será determinante: si el gobierno provincial logra imponerse, el camino estará despejado; si no, la definición podría complicarse.

En cualquier caso, el futuro del Ministerio Público y, por extensión, del sistema judicial sanjuanino dependerá de quién ocupe ese sillón. “Con Jimmy funcionó porque era Jimmy, pero quien venga no será Jimmy”. Esa es la frase que resume el espíritu de la discusión: más allá de los nombres, lo que está en juego es la estabilidad de la piedra basal de la Justicia provincial.