Adolfo Hollywell, un empleado judicial de rango medio, fue condenado a un año de prisión en suspenso por haber advertido a delincuentes sobre operativos judiciales. Renunció antes de ser exonerado para evitar quedar inhabilitado de por vida.

El escándalo del llamado “empleado infiel” sacude los pasillos del Poder Judicial. Adolfo Hollywell, empleado judicial que durante años tuvo acceso a información sensible sobre allanamientos y procedimientos, fue hallado culpable de filtrar datos a la banda conocida como “los roba ruedas”.

La investigación, encabezada por la fiscal Claudia Salica, comenzó cuando se detectó que varios allanamientos fallaban de forma sistemática: cada vez que se ordenaba un operativo, los sospechosos ya se habían retirado o habían escondido pruebas. Esa serie de coincidencias llevó a sospechar que alguien desde adentro del sistema judicial estaba avisando con anticipación.

Hollywell fue identificado como la fuente de las filtraciones y detenido en flagrancia. En una audiencia realizada el 29 de agosto, aceptó su responsabilidad y fue condenado a un año de prisión condicional. Su confesión permitió que el proceso se resolviera rápidamente mediante juicio abreviado.

Mientras tanto, la Justicia iniciaba un sumario administrativo para evaluar su situación laboral. Sin embargo, antes de que se dictara su exoneración lo que le habría impedido volver a ocupar cargos públicos, el empleado presentó su renuncia, maniobra que dejó sin efecto el procedimiento interno.

De ese modo, Hollywell logró retirarse sin una sanción formal, lo que técnicamente le permitiría volver a la administración pública una vez cumplida su condena.

En los pasillos de Tribunales, la reacción fue de indignación. “Estamos cansados de que nos vean la cara”, se habría escuchado decir a algunos funcionarios durante las primeras sospechas, según trascendió.

Fuentes cercanas al caso señalan que la fiscal Salica habría enfrentado personalmente al acusado cuando surgieron las pruebas en su contra. Su intervención fue clave para confirmar la existencia de la filtración y asegurar la condena.

Aunque el expediente penal ya fue cerrado, no se descarta que existan otros empleados bajo observación por incrementos patrimoniales difíciles de justificar.

El caso Hollywell dejó al descubierto una vulnerabilidad grave dentro del Poder Judicial: la posibilidad de que información reservada sobre allanamientos o investigaciones sea utilizada en beneficio de organizaciones delictivas.