La designación del nuevo Fiscal General de la provincia de San Juan se ha convertido en un hecho histórico por los motivos menos esperados: la falta total de consenso entre los miembros del Consejo de la Magistratura.

A pocos días de que venza el plazo de 90 días establecido por la Constitución provincial, el organismo aún no logra reunirse para definir la terna que debe elevar a la Cámara de Diputados.

Uno de los integrantes del Consejo envió un mensaje al grupo de WhatsApp insistiendo en fijar fecha para la reunión. La respuesta fue el silencio: ninguno de los otros cuatro miembros respondió.

Los encargados de alcanzar el acuerdo son el presidente del Consejo y cortista Juan José Victoria, la diputada Fernanda Paredes, la representante del Ejecutivo Laura Palma, y los abogados del Foro Valeria Torres y Raúl Acosta.

Mientras los plazos corren —la vacante se produjo el 23 de julio y vence el 23 de octubre—, las diferencias internas se profundizan. Desde el Foro de Abogados se insiste en que el cargo debe recaer en el candidato “más probo y técnicamente calificado”, mientras que el peronismo impulsa un perfil más afín al oficialismo. Por su parte, el gobierno provincial mantiene su apoyo cerrado a un único nombre, sin alternativas, lo que bloquea todo avance.

La falta de acuerdo no solo frena el proceso institucional, sino que también erosiona la legitimidad del Consejo y de quienes eventualmente integren la terna. “Estamos ante una decisión política, no técnica”, reconocen fuentes del ámbito judicial.

Si el Consejo no eleva la terna antes del vencimiento de los plazos, la Corte de Justicia deberá cubrir el cargo de manera provisoria, lo que aumentaría la tensión política y judicial.

En este contexto, San Juan vive una situación inédita: un conflicto político-institucional que pone en riesgo la estabilidad y la seguridad jurídica del sistema judicial.