El exintendente de Calingasta, Adolfo Ibaceta, salió a plantear su posición en medio de la polémica por el Cargo Único Municipal (CUM) que se cobra en las boletas de luz. A diferencia de lo que ocurre en Iglesia, donde el intendente Jorge Espejo ya anunció la quita de este ítem, Ibaceta considera que en Calingasta no debe eliminarse, aunque propone establecer un tope sobre el consumo total para evitar desequilibrios.

“Si una familia recibe una factura de $100.000 de luz, abona un 10% como CUM. No más. De esa manera se garantizaría un criterio de equidad entre los meses de mayor y menor consumo”, explicó el exjefe comunal.

La propuesta busca establecer un esquema regulado a través de una ordenanza municipal, ya que según trascendió, los concejales no mantienen un canal fluido con el actual intendente de Calingasta, Sebastián Carabajal. En los últimos meses, varias ordenanzas votadas por el Concejo Deliberante fueron vetadas por el Ejecutivo local.

Ibaceta también aclaró que su planteo no guarda relación con la situación de Iglesia, donde el reclamo ciudadano obligó al municipio a trabajar en la modificación de la normativa para eliminar el CUM.

En ese departamento, los vecinos presionaron por los fuertes aumentos en la tarifa de energía, que en algunos casos superaban con creces la capacidad de pago de familias y trabajadores. Espejo había adelantado en una audiencia pública que el cargo sería quitado, aunque la medida aún no se aplicaría en octubre.

Desde el municipio de Iglesia reconocen que lo recaudado por el CUM no alcanzaba para cubrir los costos del alumbrado público. Actualmente, esa diferencia se cubre con recursos de la coparticipación provincial. El propio Espejo sostuvo que los fondos enviados por el Gobierno de San Juan serán suficientes para sostener el servicio una vez eliminado el cargo.

En paralelo, se recordó que en años anteriores el pago del consumo eléctrico era bimestral y luego se dividió en cuotas mensuales para alivianar el impacto económico en los hogares.

La discusión, tanto en Calingasta como en Iglesia, se enmarca en un debate más amplio sobre la equidad en la tarifa eléctrica y la responsabilidad del consumo en tiempos de crisis económica. Mientras que en un departamento se busca fijar un tope, en el otro se avanza hacia la eliminación del ítem, siempre con la mirada puesta en garantizar el alumbrado público sin desfinanciar a los municipios.