Este viernes, el ministro de Economía de la Nación, Luis “Toto” Caputo, eligió dar un golpe de efecto en materia de minería: confirmó la aprobación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para el proyecto Los Azules, de McEwen Copper, en Calingasta. No se trata de un trámite más: es la primera vez que un emprendimiento de cobre en Argentina accede a este régimen, y el estreno se da en San Juan.

El anuncio lleva consigo una cifra que impacta: 2.700 millones de dólares de inversión, con la promesa de más de 3.500 empleos y 1.100 millones anuales en exportaciones. Números que cualquier gobernador o intendente querría poner en su discurso. Sin embargo, detrás de las planillas y los powerpoints, también hay política: este aval convierte a Los Azules en el caballito de batalla del RIGI, el programa estrella con el que el Gobierno busca mostrar que la confianza inversora ya está llegando al país.

Vale recordar que, en julio, McEwen tuvo que rearmar su presentación para entrar en el régimen. Lo que antes estaba planteado en dos fases se compactó en una sola, con el objetivo de “agilizar tiempos”. El mensaje entre líneas es claro: había que allanar el camino para que el proyecto insignia pudiera exhibirse como caso de éxito.

El propio Michael Meding, gerente de Los Azules, lo vendió como una readecuación técnica y administrativa que mejora la planificación y refuerza la previsibilidad. Traducción política: el Gobierno necesitaba una foto con resultados concretos y el proyecto de cobre más grande del país se alineó a ese guion.

Más allá del optimismo oficial y empresarial, la movida abre interrogantes. ¿Podrá el RIGI garantizar inversiones reales en un contexto de incertidumbre económica? ¿Qué margen queda para la provincia y los municipios en la distribución de beneficios? ¿Y hasta qué punto la sociedad sanjuanina será parte del debate sobre los costos y las regalías?

Lo cierto es que Los Azules ya se transformó en el emblema con el que Nación quiere mostrar músculo minero. Y en San Juan, donde la minería suele ser más que un tema económico, la política local tendrá que decidir cómo pararse frente a un régimen que entusiasma a las empresas, pero que todavía genera dudas sobre su impacto real en la vida de los vecinos.