La Fiscalía de Estado confirmó que, desde la próxima semana, se pondrán en marcha las primeras demandas civiles contra los responsables de las reiteradas amenazas de bomba que afectaron a escuelas y oficinas públicas en San Juan.

El fiscal de Estado, Sebastián Dávila, explicó que además de la acción penal, se busca la reparación económica por los daños ocasionados. “Vamos a iniciar acciones civiles por daños y perjuicios contra los mayores de edad involucrados y, en el caso de los menores, contra sus padres o tutores”, señaló.

El monto de las demandas partirá de los $4 millones, en función de los costos directos de los operativos de seguridad, aunque podrá aumentar según los perjuicios generados. Dávila aclaró que no se trata de sanciones, sino de resarcimientos: “El patrimonio de la provincia se ve afectado porque hay un desvío de recursos esenciales para el funcionamiento del Estado. Tenemos la obligación de recuperarlos”.

En lo que va del año, la provincia contabilizó 16 amenazas de bomba: ocho protagonizadas por adultos y ocho por menores. En los casos de menores, se prevé la intervención de la Dirección de Niñez, Familia y Adolescencia y eventualmente el Programa de Justicia Restaurativa Juvenil.

“Estamos viendo una reiteración increíble. He hablado con colegas de otras provincias y esta situación no se está dando en otros lugares. Aquí parece haberse instalado como una moda, y por eso buscamos herramientas para sancionar a quienes recurren a estas conductas”, expresó.

Dávila remarcó que estas conductas, tipificadas como intimidación pública en el artículo 211 del Código Penal, tendrán consecuencias severas: “Queremos evitar que se sigan produciendo estas llamadas. Si lo hacen, las consecuencias van a ser muy duras”.