El presidente de la Cámara de Servicios Mineros (CASEMI), Juan Pablo Delgado, se refirió al debate en torno a la creación de una ley provincial de proveedores mineros, durante una entrevista en el programa La Picada

La iniciativa, impulsada por el ministro de Minería, Juan Pablo Perea, busca establecer un marco normativo que exija a las empresas reinvertir en San Juan y que defina con claridad qué se considera un proveedor sanjuanino. Según indicó Perea, el objetivo es unificar criterios para todas las operadoras y dar mayor previsibilidad al sector.

Delgado señaló que el planteo oficial coincide con la propuesta de CASEMI de garantizar que las compañías locales reinviertan en la provincia. También explicó que la Cámara presentó la necesidad de que los trabajadores y profesionales contratados sean de San Juan, para lo cual se viene trabajando junto a los colegios profesionales de la provincia.

Durante la entrevista, el dirigente remarcó que uno de los principales desafíos es la previsibilidad, ya que el contexto económico nacional condiciona la toma de decisiones de inversión de las empresas proveedoras. En ese sentido, destacó la importancia de contar con información suficiente y anticipada de parte de las operadoras mineras para poder planificar.

En relación con los proyectos binacionales, como Vicuña, Delgado aclaró que existen servicios contratados en Chile debido a que parte del emprendimiento se desarrolla en ese país, pero precisó que en los proyectos nacionales, como José María, las contrataciones se realizan en Argentina.

Por otra parte, se refirió a las reuniones que CASEMI mantuvo recientemente con la empresa Vicuña, en las que también participó la comisión de desarrollo de proveedores. Según indicó, el sector busca consolidar un diálogo estable con las operadoras para mejorar la planificación de sus servicios.

Delgado también mencionó que, en los encuentros mantenidos con el Ministerio de Minería, se planteó la necesidad de crear un registro de proveedores mineros que permita transparentar la información y facilitar la toma de decisiones.

Finalmente, advirtió que la presión fiscal es uno de los principales factores que afecta la competitividad del sector, y consideró que para garantizar la sustentabilidad de los proveedores es necesario revisar la carga impositiva que enfrentan las empresas en Argentina.