En medio de la controversia generada por la sanción económica impuesta al abogado Marcelo Fernández en el marco de la Megacausa Expropiaciones, la presidenta del Colegio de Magistrados, Ana Lía Larrea, salió a aclarar la génesis del comunicado que emitió la institución y que generó repercusiones en el ámbito judicial y profesional.

En diálogo con el programa Es lo que hay, Larrea explicó que la nota pública respondió a un pedido de magistrados que se sintieron afectados por un comunicado previo de la Asociación de Abogados Penalistas (ASAP), que cuestionaba la multa aplicada al defensor de Santiago Graffigna. “El Colegio de Magistrados ha sacado un comunicado después de un pedido de unos jueces que se vieron afectados por un comunicado que habían hecho unos abogados de una asociación de derecho penal, por una multa que se le había impuesto a Fernández por la causa Expropiaciones. Los jueces planteaban que se habían sentido afectados por los términos que había usado, no por haber opinado”, detalló.

La titular del organismo sostuvo que el rol del Colegio es “concentrar los problemas para dirigirlos a la Corte o a la población en general” y subrayó que la intención del comunicado fue defender la figura de los magistrados sin coartar la libertad de expresión. “Nosotros no podemos cuestionar la jurisdiccionalidad del hecho, pero sí podemos tratar de defender la figura del magistrado y es lo que hemos querido hacer con el comunicado, que es de carácter general. La idea no es un ataque a la libertad de prensa, sino remarcar que se puede opinar, pero no afectar la dignidad de la magistratura”, enfatizó.

Larrea también advirtió sobre el riesgo de interpretaciones erróneas. “Si se saca de contexto, podría parecer que la sanción impuesta al abogado quedaba fuera de lugar. El Dr. Fernández tiene los medios para impugnar la sanción e incurrir para que se analice”, agregó.

El trasfondo de la discusión se origina en las expresiones de Fernández al impugnar la condena de Graffigna, donde acusó a los jueces Silvina Rosso de Balanza, Matías Parrón y Martín Heredia Zaldo de actuar con arbitrariedad y direccionamiento. Esos términos derivaron en la multa económica —equivalente a un sueldo mínimo del escalafón judicial, unos $800.000— que desató la reacción de ASAP y, luego, la respuesta institucional de los magistrados.

Mientras tanto, la tensión sigue creciendo con la intervención del Foro de Abogados de San Juan, que consideró que las expresiones del letrado se enmarcan en el ejercicio del derecho de defensa y no pueden ser interpretadas como agravios personales.

En el centro de la tormenta, Larrea buscó dejar en claro que el Colegio de Magistrados no pretendió confrontar con los abogados, sino proteger a la magistratura frente a cuestionamientos que, a juicio de los jueces afectados, rozaban los límites de lo tolerable.