En diálogo con La Picada, el director ejecutivo de Minas Argentinas S.A., Ricardo Martínez, repasó la situación del proyecto Gualcamayo en Jáchal y fue categórico: la continuidad de la explotación aurífera y el salto hacia la nueva etapa de “carbonatos profundos” no dependen únicamente del capital privado —que, según dijo, ya está comprometido— sino de la definición política y jurídica que debe dar la Nación a través del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Martínez, geólogo y ex presidente de la Cámara Minera de San Juan, explicó que el proyecto fue reformulado para adecuarse a los requerimientos del Ministerio de Economía y hoy se encuentra en la órbita de la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia, en la etapa final de revisión. Se trata de una inversión proyectada en 665 millones de dólares, que incluye exploración, factibilidad, construcción de una planta fotovoltaica, la puesta en marcha de una planta de sulfuros —la primera de su tipo en el país— y un plan de cierre ambiental programado.

“Ya invertimos más de 70 millones de dólares sin frenar el plan de trabajo, pero necesitamos la aprobación del RIGI para avanzar a otra escala. Ese régimen asegura reglas claras a 30 años y da previsibilidad. Sin seguridad jurídica, es imposible sostener una inversión de estas dimensiones”, señaló.

Uno de los puntos sensibles de la conversación giró en torno a la Ley de Glaciares, norma cuestionada por el sector minero desde su sanción. Martínez fue directo: “En Gualcamayo no hay glaciares ni geoformas incluidas en los inventarios. Nuestro proyecto no tiene conflicto con esa ley. El problema es la ambigüedad con la que fue redactada: se usaron mal los términos técnicos desde la política y eso genera incertidumbre en todo el sector”.

El director de Minas Argentinas no dudó en calificar la norma como “un freno más político que ambiental” y advirtió que “su reglamentación o eventual reforma es clave para darle racionalidad al desarrollo minero argentino”.

Martínez confirmó que la mina nunca detuvo su actividad y hoy emplea a unas 500 personas entre directos e indirectos, casi todas de San Juan. En la etapa de construcción de la planta de sulfuros, la cifra podría trepar a 2.000 puestos de trabajo, lo que generaría un fuerte impacto económico en la provincia.

El objetivo de la compañía es producir el primer lingote proveniente de carbonatos profundos en 2029, mientras mantiene la producción actual con el retrabajo de pilas de lixiviación hasta 2031-2032.

Con tono crítico, Martínez recordó que la minería en San Juan viene batallando contra vaivenes políticos desde fines de los años 90: “La única credibilidad que tenemos los mineros es la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. La minería no se mueve con discursos, se mueve con inversión, seguridad jurídica y capacidad técnica. Si el RIGI se aprueba, Gualcamayo podrá acelerar. Si no, seguiremos, pero con más dificultades”.

La entrevista dejó en claro que, más allá de la voluntad empresarial, el futuro de la minería en San Juan y en Argentina está íntimamente ligado a la decisión política nacional, en un momento en el que la provincia necesita consolidar a la actividad como motor de empleo, inversión y desarrollo.