El tribunal que dictó la sentencia en la denominada Megacausa Expropiaciones resolvió un planteo presentado por las defensas de varios condenados y, en ese marco, concedió un recurso de casación para que la Corte de Justicia revise la resolución. Sin embargo, lo novedoso fue la sanción aplicada a uno de los abogados defensores.

El letrado Marcelo Fernández, representante de Santiago Graffigna, fue multado con una suma cercana a los 800 mil pesos (equivalente a un salario mínimo del escalafón judicial) por expresiones consideradas ofensivas contra los jueces del tribunal. Según consta en el fallo, Fernández habría utilizado frases como: “lograron que estos tres jueces decidieran de la manera más arbitraria jamás vista en un proceso judicial local”, además de cuestionar la transparencia y el desempeño del cuerpo colegiado.

Los magistrados entendieron que tales manifestaciones excedían el marco del legítimo ejercicio de la defensa, carecían de necesidad jurídica y constituían una falta de respeto a la investidura judicial. Cabe recordar que el abogado ya había sido sancionado con un apercibimiento en agosto de este mismo año, lo que influyó en la decisión de imponer ahora una multa económica.

La aplicación de sanciones pecuniarias a abogados en pleno proceso judicial es un hecho inusual en la provincia. De acuerdo a registros históricos, el último antecedente data de la década del noventa, cuando la jueza de instrucción Mónica Lucero sancionó económicamente al abogado Rubén Pontoriero en otra causa de alto impacto público.

En este caso, la resolución no solo deberá notificarse al Foro de Abogados de San Juan, sino que también quedará registrada como antecedente disciplinario del profesional.

Aunque la multa a Fernández acaparó la atención, el tribunal también concedió el recurso de casación solicitado por las defensas. En San Juan no existe un tribunal específico de casación, por lo que será la Corte de Justicia provincial la que deba revisar la constitucionalidad del fallo que condenó a más de una docena de imputados.

No obstante, la integración de la Corte enfrenta serias dificultades: varios de sus miembros ya se excusaron o fueron recusados por vínculos con los hechos investigados o con algunos de los condenados. Esto anticipa un proceso complejo en la conformación del tribunal que deberá analizar el recurso.

El caso suma así un nuevo capítulo a la Megacausa Expropiaciones, que desde su inicio ha estado atravesada por controversias, recusaciones y episodios inéditos. La sanción económica al abogado Fernández se convierte en una señal clara de los límites que la Justicia busca marcar en el ejercicio de la defensa, y abre un debate sobre la relación entre libertad de expresión profesional y respeto institucional en los estrados judiciales.