El proyecto de nueva Ley de Transporte ya está en la Cámara de Diputados de San Juan y promete abrir una fuerte discusión política y social. La iniciativa, anunciada por el gobernador en la apertura de sesiones del 1 de abril, apunta a modificar de raíz un sistema que arrastra décadas de irregularidades.

La propuesta establece una clasificación entre transporte regular —los colectivos con horarios fijos— y no regular, donde se incluyen taxis, remises y aplicaciones de movilidad. Entre los cambios más relevantes, se elimina el histórico negocio de las licencias múltiples y su alquiler. De ahora en más, cada persona solo podrá tener una licencia, que será intransferible.

Para controlar este esquema, se creará el Registro Provincial de Transporte (Reprotran), en el que quedarán inscriptos los titulares de cada permiso. Este registro será público, lo que permitirá a los usuarios verificar y calificar a los choferes.

Otro punto central es el fin de las tarifas reguladas. Los precios ya no serán fijados por la Secretaría de Tránsito y Transporte, sino que quedarán sujetos a la negociación directa entre el prestador y el pasajero, en un esquema de mercado abierto.

En paralelo, el proyecto reconoce y habilita el funcionamiento de plataformas como Uber o Didi, que pasan a ser consideradas “terceros responsables” bajo el Código Civil y Comercial. De este modo, las aplicaciones quedan obligadas a responder por la seguridad del pasajero en caso de siniestros.

En cuanto al transporte regular, la ley habilita nuevas modalidades de financiamiento, como el leasing, y promueve la incorporación de más empresas para descentralizar un sistema concentrado en pocas manos desde hace décadas.

La iniciativa ya despertó polémica. Los gremios de taxistas rechazan la habilitación de las aplicaciones y preparan recursos administrativos y judiciales. También aparecen dudas legales sobre los derechos adquiridos de quienes acumularon varias licencias durante años, en muchos casos concentradas en menos de 40 propietarios que manejan alrededor de 1.500 permisos.

Detrás de la discusión se esconde un negocio millonario: choferes que deben pagar hasta 70.000 pesos diarios por el alquiler de una licencia, comenzando cada jornada con pérdidas. Para el gobierno, esta ley busca poner fin a una práctica que consideran abusiva y abrir el sistema a nuevas reglas de transparencia y competencia.

El debate recién comienza en la Legislatura, pero todo indica que la ley de transporte se convertirá en uno de los temas más pujantes antes de las elecciones en la provincia.