El Tribunal de Cuentas de San Juan aprobó por unanimidad la cuenta general del ejercicio 2023 del municipio de Capital, correspondiente al último año de gestión de Emilio Baistrocchi, a pesar de haber señalado previamente irregularidades administrativas que representaban un desvío de hasta 19 millones de pesos. La decisión generó un fuerte cimbronazo institucional y reavivó la interna política en la provincia.

La resolución fue adoptada a través del acta 85.068, firmada el lunes 29 de julio, justo antes del vencimiento de los plazos legales. Si no se aprobaba en esa fecha, la cuenta fiscal se consideraba automáticamente validada por el mero paso del tiempo.

El eje del conflicto giró en torno a tres obras públicas puntuales, entre ellas la restauración de la Plaza 25 de Mayo y la actualización de tasas vinculadas al arbolado público. Según el propio Tribunal de Cuentas, las justificaciones para las redeterminaciones de precios presentadas por Baistrocchi no eran fehacientes ni documentadas.

En concreto, se detectaron procedimientos administrativos irregulares, demoras injustificadas en la ejecución de las obras, y solicitudes de redeterminación de precios amparadas en causas como “el contexto electoral” de 2023, un año marcado por una altísima inflación. El organismo técnico había responsabilizado directamente a Baistrocchi, al ex fiscal adjunto Fabricio Jenny y al entonces secretario de Planificación Urbana Cristian Hernández como responsables del desvío.

Lo que más llamó la atención fue que, según fuentes internas del Tribunal, el exintendente no habría aportado nuevos elementos de descargo que pudieran desvirtuar las observaciones técnicas. A pesar de ello, el dictamen final fue de aprobación por unanimidad, sin una explicación clara ni detallada que justifique el cambio de postura. “No aportó absolutamente nada nuevo y de repente todo se aprobó como si nada hubiera pasado”, se dijo al aire en La Picada.

En medio de este proceso, Baistrocchi no se quedó callado. Apuntó directamente contra sectores del peronismo que lo habrían “traicionado” tras su distanciamiento con el exgobernador Sergio Uñac. Señaló como responsables de una supuesta persecución política a integrantes del Tribunal de Cuentas como Pablo García Nieto y al secretario general Juan Flores, a quienes incluso recusó, aunque la recusación fue desestimada. “Me están buscando, esto es direccionado, hay animosidad clara por mis diferencias con el uñaquismo”, habría argumentado el exintendente, hoy referenciado en un nuevo espacio político: San Juan Hacemos, alejado del PJ tradicional.

Desde el análisis técnico realizado en La Picada, se remarcó que la raíz del problema es estructural. El Tribunal de Cuentas, creado originalmente en la Constitución de 1986 con poder para iniciar juicios de responsabilidad, fue despojado de estas facultades durante el gobierno de Jorge Escobar y la gestión del asesor Guillermo De Sanctis, en la era de José Luis Gioja. Desde entonces, el Tribunal quedó convertido en un organismo revisor, sin dientes jurídicos. Si detecta irregularidades, debe remitirlas a Fiscalía de Estado, sin capacidad sancionatoria propia.

La aprobación de la cuenta 2023 sin resolver las inconsistencias de fondo ha sido leída como un acto de degradación institucional grave y un nuevo ejemplo de cómo los órganos de control pueden verse atrapados por la lógica política. “Esto no puede pasar inadvertido. Si no hay explicación alguna para aprobar una cuenta con irregularidades por 20 millones de pesos, estamos ante un organismo técnico prostituido por la política”, se advirtió en el programa.

La sociedad sanjuanina queda frente a un escenario donde el control de los fondos públicos se decide, más que por criterios técnicos, por acuerdos de coyuntura política.