La recaudación provincial solo alcanza para pagar un mes y medio de salarios. Las transferencias nacionales también están por debajo de lo esperado.

En el primer semestre de 2025, la provincia de San Juan experimentó una fuerte caída en los ingresos previstos en su presupuesto, tanto en términos de recaudación propia como de coparticipación federal.

Según datos oficiales del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la provincia y del Ministerio de Economía de la Nación, San Juan recaudó entre enero y junio cerca de 150.000 millones de pesos en concepto de impuestos provinciales. Este monto apenas alcanza para cubrir el pago de un mes y medio de salarios en el sector público, que actualmente exige alrededor de 102.000 millones de pesos mensuales.

A esto se suma que las transferencias nacionales, en concepto de coparticipación, sumaron 896.000 millones de pesos en seis meses. Si este ritmo se mantiene, al finalizar el año la provincia apenas habría recibido 1,7 billones, muy por debajo de los casi 3 billones de pesos que había estimado en su presupuesto 2025.

Cabe recordar que el presupuesto provincial, aprobado por la Legislatura local a fines de 2024, preveía un total de ingresos por $2,951,000 millones y gastos por $2,347,000 millones, lo que lo convertía en un presupuesto superavitario en los papeles.

Pero la realidad va en otro sentido. La mayor recaudación se dio en el mes de mayo, gracias a una moratoria impositiva y al corrimiento de vencimientos anuales. Sin embargo, las estadísticas indican que la segunda mitad del año no suele superar en ingresos a marzo, abril y mayo, lo que genera preocupación en el gobierno provincial sobre cómo se sostendrán los gastos corrientes.

“El ideal sería que al cierre del primer semestre la provincia hubiera recibido más de un billón de pesos, pero la cifra real quedó muy por debajo”, reconocen en ámbitos oficiales.

Con esta tendencia, se complica la ejecución del presupuesto, y obliga a la provincia a replantear sus estrategias financieras para el segundo semestre. A la baja en la coparticipación se suma la caída en la actividad económica local y nacional, y las dificultades para acceder a financiamiento.