El próximo lunes 21 de julio finaliza la feria judicial en San Juan. Se restablecen por completo las actividades en el Poder Judicial: vuelven todos los trabajadores, inclusive, pero lo más importante es que se retoman los plazos procesales que estuvieron suspendidos durante la feria. Sin embargo, la pregunta de fondo que aún nadie responde es: ¿quién está conduciendo el Ministerio Público?

Ese mismo lunes se cumplen tres meses desde que el fiscal general Eduardo Quattropani se encuentra fuera de su cargo por una licencia médica. Fue a mediados de abril, el 15, cuando el diario Tiempo de San Juan publicó la información que lo hizo público. Desde entonces no ha habido una comunicación oficial que aclare cuál es su estado de salud ni tampoco si efectivamente se presentó una licencia médica formal.

Y es acá donde comienzan las dudas. Si Quattropani presentó una licencia médica, esta debería haber estado firmada por un profesional, y automáticamente tendría que haberse activado el mecanismo de reemplazo. ¿O no es así como funciona? ¿No es lo lógico? ¿Quién debería ocupar su lugar? Si existe la figura de fiscal general alterno o subrogante, ese cargo recae en Carlos Galvani. Pero Galvani, hasta hace muy poco, estaba abocado de forma total a la megacausa de las provisiones. Y lo cierto es que en estos tres meses no ha asumido activamente el rol de conducción administrativa del Ministerio Público.

En su lugar, quienes vienen ejerciendo de hecho esa función son tres figuras que no tienen ese rol institucional: los doctores Ramella, Lozano y Noguera. Ellos no son secretarios relatores formalmente, pero cumplen funciones similares. Son abogados brillantes, con experiencia y respeto profesional, pero no están habilitados institucionalmente para conducir el Ministerio Público. Y esto se nota. Porque incluso dentro del Poder Judicial, entre empleados, funcionarios y fiscales, se comenta que no tienen la misma ascendencia, ni el mismo respeto, ni la capacidad de ordenar como sí lo tenía Quattropani. Y no porque les falte capacidad profesional, sino porque simplemente no es su lugar.

La situación lleva tres meses. Tres meses de indefiniciones, de conflictos internos, de tensiones entre quienes hoy conducen de hecho el Ministerio Público y el resto del personal. Y lo más grave es que no hay señales de que esto se vaya a ordenar.

¿Y la Corte de Justicia? ¿Qué está esperando para intervenir? Es la Corte la que debe tomar la decisión. Es su responsabilidad como órgano superior del Poder Judicial ordenar este vacío de poder. Si algún ministro de la Corte dice que no les corresponde porque la Ley Orgánica de Tribunales establece que el Ministerio Público tiene autonomía y ejerce su propia superintendencia, entonces hay que recordarles que la Constitución de San Juan, reformada en 1986, establece claramente la estructura organizacional del sistema judicial y la dependencia institucional del Ministerio Público.

Este caso es anómalo. Quattropani está cerca de la jubilación, es cierto. Pero más allá de eso, la situación exige una definición clara. No se puede permitir que una de las áreas más sensibles del sistema judicial esté tres meses sin conducción efectiva, y que todo siga como si nada pasara.

La Corte tiene la obligación de ordenar esto. Si Quattropani no puede continuar en el cargo por razones médicas, debe haber una comunicación oficial y se debe activar el mecanismo correspondiente para su reemplazo. No puede haber un Poder Judicial que vuelve de la feria, mientras el Ministerio Público sigue en pausa, sin conducción formal, con decisiones administrativas tomadas por quienes no tienen esa responsabilidad legal.

Si la Corte no actúa, lo que se degrada es la institucionalidad completa del sistema judicial. Y eso, en este contexto, es gravísimo.