El impacto de las reformas propuestas por el Gobierno nacional, en el marco de la Ley Bases y el proceso de ajuste, ya comienza a sentirse con fuerza en distintas áreas del Estado. Uno de los casos más delicados es el de Vialidad Nacional, una repartición históricamente arraigada en provincias como San Juan, donde no solo cumple un rol operativo central, sino que también representa una fuente de empleo significativa.

En San Juan, trabajan aproximadamente 200 empleados en Vialidad Nacional, dentro de una estructura que a nivel país alcanza los 5.000 agentes. En la provincia, el organismo se divide en tres áreas principales: administración, rutas y conservación. Esta última es la que concentra la mayor cantidad de trabajadores, entre 80 y 90 personas, responsables del mantenimiento diario de las rutas nacionales. Ellos son quienes intervienen cuando se produce un desprendimiento de roca, una crecida por lluvias o una situación de riesgo vial. También son los encargados de garantizar que las rutas estén transitables, limpias y operativas para los usuarios.

En paralelo, el área técnica o de rutas está integrada por unas 60 personas que trabajan en proyectos e investigaciones de infraestructura. Por ejemplo, son quienes determinan cuántos centímetros de asfalto debe tener una ruta, en base al tipo de tránsito que la utilizará. Uno de los casos mencionados es la obra en ejecución que conecta San Juan con Mendoza, que contempla especificaciones distintas para vehículos comunes y para transporte pesado.

En el último tiempo, los trabajadores han comenzado a denunciar cambios en la modalidad de trabajo que reflejan un ajuste progresivo. Las jornadas, que antes comenzaban a las 7 de la mañana, hoy arrancan a las 9. También se aplican controles estrictos de ingreso: si un empleado marca un minuto tarde, se le descuenta el día completo. Esta lógica de presión, sumada a la incertidumbre, ha encendido las alarmas entre el personal.

Una de las situaciones más graves que se planteó en el programa La Picada es la que atraviesan los empleados contratados. En San Juan, como en muchas otras provincias, existe una amplia cantidad de trabajadores que llevan más de una década contratados, sin haber sido incorporados a planta permanente. Se trata de una figura ambigua, que en los hechos no tiene reconocimiento legal. Muchos hablan de una “planta intermedia”, pero jurídicamente esa categoría no existe: se es contratado o se es de planta permanente. Esto ha generado dudas, reclamos y malestar, ya que esos contratos están siendo dejados vencer, sin renovación, lo que obligará a muchos a iniciar acciones legales para proteger su estabilidad.

Según señalaron en el programa La Picada, desde el Estado nacional no hay voluntad clara de renovación, y lo único que se ha garantizado es que los empleados de planta permanente no serán despedidos ni perderán su salario. El problema es que nadie sabe qué ocurrirá con el resto: dónde serán reubicados, si seguirán cumpliendo tareas o si serán directamente desvinculados.

Frente a este escenario, muchos trabajadores empiezan a cuestionar incluso el rol de los gremios, acusándolos de haber sostenido durante años una figura legal inexistente, alimentando expectativas falsas. La desinformación y la falta de canales institucionales de diálogo agudizan el conflicto.

A todo esto se suma el silencio por parte del Gobierno nacional, que mantiene a los gobernadores sin respuestas. Según trascendió, el malestar en las provincias crece, especialmente porque no hay indicaciones claras sobre cómo se trasladará el control de las rutas, ni cómo se garantizará el mantenimiento una vez que Vialidad quede fuera de funciones. Se habla de un posible traspaso parcial de tareas a Gendarmería Nacional o a direcciones provinciales, pero nada ha sido confirmado.

En ese contexto, surgieron también cuestionamientos directos al gobernador de San Juan. Se dijo en el programa que Marcelo Orrego va a tener que empezar a tomar decisiones concretas y ponerse firme. Los gobernadores, en general, fueron votados para gobernar, no para especular. Si bien están en un año electoral, y eso los pone entre la espada y la pared, la gente no espera más excusas. En el caso de Orrego, este año decidió avanzar con pavimentación en lugar de construir estadios de fútbol o espacios deportivos como lo hizo Sergio Uñac. Sin embargo, la gente va a empezar a pedir explicaciones, y se espera que hable, que dé definiciones. El silencio no va a alcanzar.

Mientras tanto, el personal vive una tensa espera. En una repartición que fue clave en cada emergencia climática, corte de ruta o trabajo preventivo, el ajuste golpea directamente a quienes durante años pusieron el cuerpo en las rutas. Hoy, no solo peligra su trabajo, sino también el funcionamiento de un área fundamental para la infraestructura y la seguridad vial del país.