El intendente de Calingasta, Sebastián Carabajal, vetó una ordenanza que pretendía facilitar la regularización de instituciones intermedias del departamento a través de un convenio con la Inspección General de Personas Jurídicas. La medida generó sorpresa por el argumento esgrimido en el veto.

La ordenanza había sido presentada por el concejal Eber Tapia y planteaba un acuerdo entre el municipio y Personería Jurídica para acercar los trámites a los vecinos de Calingasta, teniendo en cuenta las dificultades que implica trasladarse hasta la capital provincial. Según Tapia, muchas instituciones no pueden completar su documentación por la distancia, lo que impide su normal funcionamiento.

El convenio buscaba que el municipio oficie de nexo para recibir y trasladar la documentación necesaria, facilitando así el proceso de regularización legal de clubes, asociaciones y otras entidades.

Sin embargo, al día siguiente de su aprobación, el intendente Sebastián Carabajal vetó la ordenanza.

En los fundamentos del veto, Carabajal argumentó que “no hay recursos disponibles para colocar la cartelería” requerida en el marco del convenio. Además, sostuvo que la ordenanza no especifica ni justifica el gasto que implicaría el seguimiento del cumplimiento de las demarcaciones exigidas, y que esas tareas están reguladas por la Ley 150-A, cuya autoridad de aplicación es la Inspección General de Personas Jurídicas, no el municipio.

El trasfondo político no pasó desapercibido. Existen reclamos por parte de instituciones del departamento que vienen pidiendo acompañamiento económico y no han recibido respuesta. Un ejemplo es el caso de un club local al que se le prometió la construcción de baños en febrero, pero que hasta la fecha sigue sin solución.

La puja interna entre el municipio y las instituciones intermedias suma tensión en un contexto donde la gestión local es cuestionada por la falta de ejecución de compromisos asumidos.