La jueza Loretta Preska, del tribunal del distrito sur de Nueva York, falló en contra de la Argentina por la forma en que se expropió el 51% de las acciones de YPF en 2012. El abogado constitucionalista Oscar Cuadros analizó las consecuencias legales y económicas del fallo, que podría significar una pérdida multimillonaria y el control de una de las principales empresas del país.

“Estamos muy complicados. Es muy poco probable que la Argentina logre revertir esta sentencia en la instancia de apelación”, advirtió Cuadros en diálogo en el programa de streaming Es Lo Que Hay.

La disputa legal tiene su raíz en la compra del 25% de las acciones de YPF por parte del Grupo Eskenazi —ligado al entorno del kirchnerismo— entre 2008 y 2011. La adquisición fue financiada mediante un mecanismo de préstamo sin desembolso propio inicial: los dividendos futuros pagarían la compra. En 2012, el Estado nacional expropió el 51% de las acciones de YPF, quitándole el control a Repsol, pero sin respetar ciertos procedimientos formales clave.

Uno de esos pasos omitidos fue la oferta pública de adquisición obligatoria (OPA) prevista en el estatuto de la empresa. Esta omisión fue el eje central de la demanda: los Eskenazi iniciaron un juicio en Nueva York reclamando una compensación por la expropiación que afectó indirectamente su tenencia. Luego, cedieron los derechos litigiosos al fondo Burford Capital, que continuó la demanda.

La justicia de EE.UU. priorizó el cumplimiento del estatuto de YPF por sobre la ley argentina de expropiaciones, al considerar que se trató de una inversión extranjera protegida por tratados bilaterales.

“Si hubiera sido una empresa local, la ley argentina prevalecería. Pero en este caso, al estar amparada por tratados internacionales, la justicia neoyorquina falló a favor de aplicar las normas internas de YPF”, explicó Cuadros.

Aunque el fallo fue emitido en Estados Unidos, su ejecución deberá hacerse en la justicia argentina. “Se va a tramitar localmente. Y los tribunales deberán asegurar que se respeten los derechos de terceros y el derecho público interno”, agregó.

La sentencia podría implicar el pago de hasta 16 mil millones de dólares, cifra superior a las reservas netas actuales del Banco Central. Incluso si el Estado entregara el 51% de las acciones de YPF, eso apenas cubriría una parte: el resto debería completarse con dinero en efectivo o activos líquidos.

“Aun entregando ese paquete accionario, no alcanzaría. Habría que conseguir otros 10 mil millones más”, alertó Cuadros.

El presidente Javier Milei ya anunció que apelará todas las instancias. Sin embargo, las posibilidades de revertir el fallo en la Cámara de Apelaciones son escasas, y la Corte Suprema de EE.UU. solo acepta un número limitado de causas al año.

Cuadros destacó que el Estado argentino aún puede utilizar mecanismos legales para demorar o morigerar los efectos del fallo. “La ejecución puede prolongarse. Incluso si se ratifica, se podría negociar un plan de pagos o algún esquema que no desangre las finanzas públicas”.

En ese sentido, destacó la calidad y honestidad del equipo jurídico que representa hoy al Estado: “Los actuales procuradores están totalmente compenetrados con los intereses nacionales. Conozco su trabajo y sé que están haciendo todo lo posible dentro del marco legal”.

Desde su origen en 2012, pasando por el juicio iniciado por el Grupo Eskenazi y vendido luego al fondo Burford Capital, el caso YPF parecía destinado a escalar. Hoy, con una sentencia desfavorable, la Argentina enfrenta un escenario crítico: sin capacidad financiera para afrontar el pago, en riesgo de perder el control de su petrolera y con un margen legal cada vez más estrecho.