En una extensa sesión que se desarrolló en el Concejo Deliberante de Calingasta, el intendente Sebastián Carabajal fue interpelado por concejales del departamento en relación con una serie de temas sensibles: irregularidades administrativas, contrataciones fuera de la ley, falta de control sobre bienes públicos y un escándalo reciente que involucra a uno de sus funcionarios.

Uno de los ejes más técnicos de la interpelación fue el destino de una planta gestionada junto a la Universidad Nacional de San Juan. Según Carabajal, los equipos están en buen estado pero desarmados, y no se han podido instalar por falta de un espacio físico adecuado. «Ese espacio está especificado en los requerimientos técnicos», sostuvo. El intendente explicó que los fondos para la automatización de la planta ya fueron otorgados a la universidad, pero que no se avanzó por una supuesta falta de verificación del lugar por parte de las autoridades universitarias.

El jefe comunal también fue consultado por la creación del cargo de Jefa de Patrimonio, que fue asignado a Cinthia Pujado, licenciada en Administración de Empresas, presuntamente pareja del ex concejal Andrés Escuela. Carabajal aseguró que la creación del cargo respondió a una recomendación de un consejo asesor tras casos de malversación durante gestiones anteriores, y defendió la legalidad del nombramiento y el pase a planta permanente de la funcionaria.

Otro de los momentos más tensos se vivió al abordar la filtración de dos audios de WhatsApp que involucran al director de Ganadería del municipio. En las grabaciones, el funcionario habría ofrecido liberar un caballo secuestrado del corralón sin seguir el procedimiento legal, lo que reavivó las sospechas sobre la falta de control en el cobro por ingreso y permanencia de animales.

Carabajal reconoció que tomó conocimiento del caso que sucedió en mayo, a través de los medios provinciales y aseguró que el funcionario sería despedido. Sin embargo, aclaró que en ese momento no se pudo concretar la desvinculación porque el involucrado estaba a cargo de la campaña de vacunación contra la fiebre aftosa. “Lo voy a echar mañana”, afirmó en su momento.

Finalmente, el intendente admitió que su gestión no está cumpliendo con la Ley de Responsabilidad Fiscal, norma que condiciona el acceso a fondos nacionales para obras públicas. Reconoció que el municipio tiene más contratados y becados de los que permite la ley, pero justificó la situación afirmando: “No puedo echar gente porque hay mucha necesidad de trabajo. Si lo hiciera, dejaría muchas familias en la calle”. Aseguró que ha respondido 10 de los 12 pedidos de informes presentados por los concejales.

La gestión de Sebastián Carabajal lleva un año y medio al frente del municipio. Tras la interpelación, concejales del departamento analizan la posibilidad de iniciar un proceso de juicio político, cuyo desarrollo podría extenderse en el tiempo.

Si dicho proceso avanza y se resuelve antes del 10 de diciembre, fecha en la que el intendente cumple la mitad de su mandato, y si se lo destituye, la ley obliga a convocar a nuevas elecciones en el departamento para elegir nuevas autoridades.